Editorial El Nacional: ¿Habrá reparación para las víctimas?

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César Miguel Rondón entrevistó la semana pasada a Emirlendris Benítez, quien pasó ocho años en la cárcel: uno en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y siete en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Entró en prisión caminando y salió en silla de ruedas. La reparación que tiene en mente es abrazarse con su familia: Gladys, su madre; su hermana Melania -su sostén durante el calvario carcelario- y sus dos hijos. Al menor, Santiago, de cinco años de edad cuando ella fue detenida, lo vio cuatro veces en esos ochos años. La primera noche de su libertad (bajo régimen de presentación) no durmió nada: solo velaba el sueño de Santi hasta el amanecer

Emirlendris Carolina Benitez Rosales nació en el estado Lara el 26 de enero de 1981. Se dedicaba a vender ropa interior y perfumes y hacía carreritas con su auto. Nunca, le dijo a Rondón, se acercó a la política o alguna actividad de organización social.

El domingo 5 de agosto de 2018 salió de madrugada junto con su pareja, Yolmer Escalona, a trasladar a dos hombres desde Barquisimeto a Acarigua. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) los detuvo en la autopista José Antonio Páez: buscaban a dos piratas de carretera. Los trasladaron a los cuatro a la capital del estado Portuguesa y luego a la DGCIM de Boleíta. Emirlendris fue “alojada” en La Pecera, en el sótano 1: “un espacio multifuncional donde los detenidos reciben sus visitas o en donde se les dislocan los huesos y se les desprenden las coyunturas frente a cámaras y micrófonos”, como cuenta la periodista Kaoru Yonekura, en el libro Ahora van a conocer al Diablo/10 testimonios de presos torturados por el chavismo, de Editorial Dahbar.

El día antes de la detención, el sábado 4 de agosto, había ocurrido en la avenida Bolívar de Caracas el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro durante el acto de los 81 años de la Guardia Nacional, el tristemente célebre caso de los drones. Emirlendris no tenía ni idea de lo que era un magnicidio, ni de drones pero a eso la vincularon. La llamaban María mientras soportaba el interrogatorio, es decir, golpes con las manos y con un palo, patadas, insultos, le martillaron el pulgar del pie derecho, la asfixiaron con una bolsa plástica y le sumergieron la cabeza en un tobo de agua. Ella no confesaba nada porque no era María. Salvo que estaba embarazada y aún así la golpearon en la zona abdominal y en otras partes hasta dejarla inconsciente.

Todo estaba apenas comenzando. Le practicaron un aborto, surgieron otras patologías que nunca fueron atendidas hasta poner su vida en serio peligro como trascendió en los reportes de prensa que burlaron la censura. En 2022 fue condenada a 30 años de prisión sin que exista una sola prueba de su vinculación con los hechos que se le imputan. Hace 10 días fue excarcelada.

El abogado, profesor universitario y defensor de derechos humanos Joel García confesó en un post en X que había llorado al escuchar la voz de Emirlendris libre. Fue a él a quien le contó que había pasado su primera noche fuera de la cárcel con los ojos puestos sobre el rostro de su hijo mientras dormía y que en la madrugada había descubierto el cantar de un gallo. García, que da gracias a Dios por haberla conocido, afirma que la única prueba contra Emirlendris era el acta de la detención policial a 500 kilómetros de donde sucedió el fallido y supuesto magnicidio.

Durante 27 años el chavismo “construyó” un país de víctimas. ¿Cuándo se habla de reformar la justicia se piensa en ellas? ¿Cederá el régimen, bajo el mando del rodrigato, el control sobre el sistema judicial con tantas cuentas por saldar? ¿O se pasará la página?