Editorial El Nacional: Diálogo político, de los acuerdos a los cambios

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Una semana después de terminada la primera fase del diálogo político, promovido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, parece surgir una apreciación más positiva sobre las conversaciones entre las delegaciones del interinato y de la Asamblea 2015. Los dos acuerdos alcanzados -uno, para aunar esfuerzos en el rescate de fondos venezolanos en el Banco de Inglaterra; y otro, en el que se coincide en la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia- abren una rendija a la posibilidad de que ese proceso permita avanzar hacia la transición democrática. Aún es muy pronto para asegurarlo porque esos acuerdos iniciales deben convertirse en hechos concretos, en particular el segundo, que tiene profundas implicaciones sobre el entramado institucional del país severamente deteriorado

Es un diálogo, sin embargo, entre pocos. A la mesa no se sienta, por ejemplo, el liderazgo opositor que representa a la mayoría de los venezolanos. El comunicado de catorce organizaciones sociales y de derechos humanos difundido el 19 de agosto señala, precisamente, que para que ese diálogo político abra una salida a la crisis venezolana tiene que devolverle a la ciudadanía “la posibilidad de participar, decidir y contribuir” en la reconstrucción de instituciones que luego hagan respetar las decisiones que se acuerden.

Resulta saludable que ese grupo de organizaciones cívicas comparta y exponga su visión sobre el diálogo político en desarrollo. Es una forma de participación que puede alentar a otros sectores -gremiales, sindicales, culturales, en diversos campos- a emitir pronunciamientos similares que potencien y hagan más vivo el debate político. El reclamo de la transición a una sociedad democrática requiere acción política ciudadana, seria, pensada y orientada a impulsar los cambios que permitan recuperar y normalizar la vida venezolana.

El texto de las 14 organizaciones -entre las que figuran Provea, Transparencia Venezuela, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia-  plantea que el nuevo TSJ y la nueva directiva del Consejo Supremo Electoral (CNE) son resultados concretos que pueden producirse en los próximos meses. “No vemos razones transparentes, técnicas, ni legales que justifiquen su dilación hasta diciembre. Los procedimientos establecidos en la legislación vigente permiten realizar la renovación del organismo electoral en un plazo cercano a los dos meses. Si existe voluntad política, octubre es una fecha posible”.

La mesa se mueve a otro ritmo. Más acorde con el interés del rodrigato, que espera que el tiempo juegue más adelante a su favor. La delegación opositora, que no escapa a la tutela de Washington, se ha acomodado a los plazos que desembocarían en diciembre con resultados concretos. Las organizaciones de derechos humanos a las que hemos hecho referencia sostienen, por el contrario, que postergar la renovación del CNE “puede profundizar la percepción de incertidumbre y de continuidad de la excepcionalidad institucional”.

Las próximas semanas permitirán saber qué ruta toma el diálogo en plazos y resultados. Lo que está en juego merece no desatender los espacios que se abran para la política con sentido transformador, hartos como estamos de la censura, la persecución y la falta de miras.