EN: https://www.elnacional.com/editoriales/2026/08/aun-faltan-mas-para-poner-fin-al-horror/
El país celebra las 131 excarcelaciones anunciadas el 14 de agosto. Como siempre, salen de las prisiones a las que nunca debieron entrar -no hay pruebas en contrario que lo justifique- con medidas alternativas a la privación de la libertad. Es decir, no son libres como se merecen. No hay duda alguna de que sus vidas recomienzan al lado de sus familiares, para curar las dolorosas heridas y fortalecerse. La cantidad de excarcelaciones anunciadas es solo un tercio, en el mejor de los casos, de los venezolanos que siguen tras las rejas por sus ideas políticas.
El ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, hizo el anuncio al leer un comunicado atribuido al Programa para la Paz y la Convivencia, creado por Delcy Rodríguez, de cuya actividad apenas había noticias pero ahora nos enteramos que solicitó al “Sistema de Justicia Penal” (sic) la revisión de los casos de “personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República”. El papel lo aguanta todo aunque los venezolanos saben los nombres y apellidos de quienes atentaron contra la institucionalidad democrática. El texto del Programa de marras fue redactado y fechado en Caracas pero la orden salió de Washington
A principios de esta semana, la Defensora del Pueblo recibió a la Alianza para la Liberación de los Presos Políticos y se había comprometido a revisar situaciones individuales de “privados de libertad” (la expresión que usa el régimen para evitar decir presos políticos). No informó, porque lo ocultó o no lo sabía, que ya había una solicitud en camino formulada nada menos que por el Programa para la Paz y la Convivencia. La Defensora siempre enfatiza la “articulación institucional” de sus gestiones.
Es una oleada más de excarcelaciones pero no la última. No es producto del diálogo político que sostienen las delegaciones en representación del interinato y de la Asamblea 2015 que no han abordado el tema, sino de la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos desde el 3 de enero sobre quienes mandan de manera ilegítima en Venezuela. También de la lucha incansable de familiares, organizaciones de derechos humanos, sociales y religiosas, el liderazgo político y partidos e individualidades de la oposición.
El tutelaje que Estados Unidos administra sobre Venezuela tiene sus tiempos y sus formas, que caminan a la par de sus intereses. Se ha privilegiado el aspecto económico, según las cuentas informales y muy abultadas de las que habla el presidente Donald Trump, pero a la vez requiere frente a las instituciones de su país y a su electorado dar respuestas al manejo político que ejecuta en Venezuela. La mesa de diálogo alivia las tensiones sobre una esfera vital para los venezolanos cuyo abordaje se produce seis meses después de la captura y extracción de Nicolás Maduro.
Voces políticas y bipartidistas en Estados Unidos reclaman y presionan, a su vez, por adoptar un cronograma electoral que devuelva la democracia a nuestro país, en la víspera de las elecciones de medio período de noviembre. Temen, como los venezolanos, que el rodrigato encuentre las rutas para retrasar cada vez más la recuperación democrática y se transforme en un insólito aliado de la democracia americana.
La liberación de los presos políticos tiene que ser completa, tanto en su cantidad como en su calidad. Se trata de restituir los derechos constitucionales a venezolanos que fueron encarcelados de manera arbitraria y a quienes se les negó su defensa y el debido proceso. La transición democrática es más que una transición electoral.
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