Editorial El Nacional: Las mesas y sus formas

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Hay una mesa para el diálogo político alrededor de la cual se sientan representantes del interinato, a cuya cabeza está Jorge Rodríguez, y de un sector de la oposición, que lidera Dinorah Figuera, que lleva una semana de conversaciones. Hay otra que se denomina Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, creada desde Miraflores, con amplia mayoría oficialista de cuya actividad poco o nada se conoce en las últimas semanas; y, una más que va a crear la Defensoría del Pueblo para revisar situaciones de los presos políticos. Mesas hay, y ha habido, en buena cantidad a lo largo de estas dos décadas y media largas, muy largas, pero con escasos frutos.

De la primera, el diálogo político, promovida por el Departamento de Estado, se espera un informe o comunicado de sus avances. En una agenda cuyo punto inicial es “la atención a los terremotos”: una denominación lo suficientemente amplia y vaga para que se hable de todo y se avance muy poco. En primer lugar, porque parece una tarea para la administración pública o para un órgano específico designado por la administración pública que tenga capacidad para elaborar, como punto de partida, un diagnóstico completo de las consecuencias económicas y sociales del doblete sísmico que el país desconoce a 50 días de la catástrofe.

El Programa para la Convivencia y la Paz que se inauguró en torno a una gran mesa presidida por Delcy Rodríguez tras el sofocón del 3 de enero fue un debut y despedida. Su coordinador, Ernesto Villegas, que ocupó diversos cargos ministeriales en varios períodos, es ahora el embajador ante la Unesco. La secretaria ejecutiva del Programa la desempeña Ana María Sanjuán, ministra de Educación Universitaria y, a la vez, parte de la delegación oficialista que acompaña a Jorge Rodríguez en la primera de las mesas, la del diálogo político.

La nueva mesa que se comprometió a crear Eglée González Lobato, tras recibir a la Alianza para la Libertad de los Presos Políticos, es una instancia técnica, donde se presentan informes, se revisan y se adoptan decisiones, si fuera el caso. Menos dialogante y, en principio, más operativa. La Defensora del Pueblo ha creado otras mesas técnicas para atender problemas que competen a su cargo: una, por ejemplo, con los pensionados.

“El interés superior de la Defensoría del Pueblo, dijo González Lobato, es la protección y defensa de los derechos humanos. Queremos mantener una relación cercana y respetuosa con ustedes (con la Alianza). Contamos con un equipo sensibilizado que ha venido haciendo seguimiento a estos casos y debemos continuar fortaleciendo la articulación institucional para avanzar en respuestas concretas”. Una declaración impecable: para un país normal en el que hay instituciones que se pueden articular.

Hace alusión la Defensora al “ámbito de sus competencias” para realizar las gestiones que correspondan. La Constitución, nada menos, le otorga un ámbito de acción sólido en el artículo 281, que entre otras cosas incluye: “Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, hábeas corpus, hábeas data y las demás acciones o recursos necesarios (…) cuando fuere procedente de conformidad con la ley”  y también “Instar al Fiscal o a la Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias públicas, responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos”.

Las “mesas” están muy bien para escuchar y dialogar, pero en ningún caso para posponer el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo que se desempeña.