EN: https://www.elnacional.com/editoriales/2026/09/el-mazo-contra-diosdado/
El fiscal chileno Héctor Barros Vásquez afirma que la fase indagatoria del proceso por el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda “es robusta”, como producto del trabajo conjunto de la propia Fiscalía, la Policía De Investigaciones (PDI) y el Departamento OS9 de Investigación de Organizaciones Criminales, unidad especializada de Carabineros de Chile. Hay 26 imputados en la causa y otros seis con órdenes de detención, prófugos de la justicia que se encontrarían en Venezuela
La Fiscalía no tiene ninguna duda de que el móvil del crimen fue político, que se gestionó desde la cúpula del régimen de Nicolás Maduro y que quien se encarga "de hacer la negociación es Diosdado Cabello", como le declaró Barros al diario La Tercera de Chile. La negociación fue con el Tren de Aragua y su brazo local Los Piratas, a las órdenes de Carlos Francisco Gómez Moreno, alias Carlos Bobby, hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, Niño Guerrero.
Barros Vásquez es un hombre con larga experiencia en el ministerio público de Chile, al que ingresó en el año 2001. En 2004 se trasladó a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, como Fiscal Jefe especializado en delitos de robo. Dos años después asumió la jefatura de la Fiscalía Especializada en Antinarcóticos y Crimen Organizado, en la que se mantuvo durante 11 años. Y luego fue nombrado Fiscal Regional.
El juicio por el asesinato de Ojeda -secuestrado en Santiago de Chile el 21 de febrero de 2024 y cuyo cuerpo fue localizado tres días después dentro de una maleta enterrada bajo cemento- comenzó el jueves con la audiencia oral de uno de los acusados y proseguirá con el resto de los imputados a partir del 20 de octubre. Ojeda, de 33 años de edad, padre de un hijo de seis años, era refugiado político en Chile desde 2023. El régimen de Maduro lo había declarado traidor a la patria y lo vinculó con varias presuntas conspiraciones.
Un crimen, en fin, por encargo que evidenció los largos tentáculos del poder en Venezuela asociado a bandas delincuenciales, que sembraron el miedo en el país y lo extendieron por la región. La justicia chilena, que es la de un país democrático, ha podido investigar los hechos, identificar a los responsables y perseguirlos incluso fuera de su país. Garantías de que el caso y sus ramificaciones podrán esclarecerse y sancionar a los que resulten culpables o, al menos, a parte de ellos. La pregunta sin respuesta es sí habrá consecuencias para el régimen venezolano si se prueba su participación en la operación que acabó con la vida de Ojeda. ¿El mazo de la justicia llegará hasta el ministro del Interior, Justicia y Paz, nada menos?
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