Editorial El Nacional: Las víctimas siguen en agenda

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La decisión del Consejo de Derechos Humanos de prorrogar por dos años la Misión Independiente de Investigación sobre Venezuela recuerda que las miles de víctimas a cargo de un Estado represor siguen ahí, centenares de ellas todavía en las cárceles, sin que la cadena de mando reiteradamente señalada, reconozca su responsabilidad en los hechos investigados y se proceda, por tanto, a la reparación de las personas afectadas, se desmonte de una vez la estructura represiva y se establezcan las penas a que haya lugar. ¿Cómo se puede lograr la reconciliación de otra manera? ¿Puede Venezuela sanar sus heridas echándole tierra a un proceso que requiere ser esclarecido para evitar su repetición?

La votación en el Consejo de Derechos Humanos solo tuvo cinco votos en contra -uno de ellos de Cuba, que también tiene su responsabilidad en la represión en Venezuela- y un buen número de abstenciones, entre las que destacan las de México y Brasil. Dos naciones con vínculos fraternos con nuestro país, supeditados ahora por sus gobiernos a la miopía ideológica que en nada contribuye a hacer de América Latina un territorio libre de autoritarismos, donde prevalezca la democracia y la igualdad ante la ley para todos sus habitantes. No es lo que se espera de mandatos de izquierda que dicen representar a sus pueblos sin distinción de raza, clase social y creencias religiosas y políticas.

Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), organización vigilante de los derechos humanos en el país, entre tantas otras, considera que la decisión del Consejo de Derechos Humanos es un reconocimiento a la valentía de las víctimas y sus familiares que han mantenido sus testimonios a pesar de la intimación. También Amnistía Internacional celebra la ampliación del trabajo de la misión de Naciones Unidas porque “refuerza el interés de la comunidad internacional en la justicia y la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad”.

La misión que investiga los hechos ocurridos en Venezuela en al menos la última década, reconoce avances durante 2026 en relación a los derechos humanos pero son insuficientes, lentos y sin garantías de no repetición, porque también observa que la estructura represiva sigue “intacta”. Los venezolanos desconocemos si estamos entre paréntesis o en verdad se van a desmantelar los órganos dirigidos desde el Estado para acorralar y encarcelar la disidencia política en el país.

Son varios centenares los que siguen en las cárceles por razones políticas y aún más los excarcelados bajo medidas cautelares. Pero hay desaparecidos. Aquí en esta sección editorial registramos hace unos días el caso de Eloy Mayckoll Sánchez Rodríguez, detenido el 12 de enero de 2025 y del que no hay datos de su paradero, una historia que recuerda a la de Víctor Hugo Quero Navas. ¿Cuántos casos más desconocemos?

Justicia, Encuentro y Perdón refiere en cuenta de X una historia más. La de Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, detenido el 6 de octubre de 2018 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) cuando se dirigía a sus aulas de clase como estudiante e ingeniería en proceso de presentar su tesis de grado.

Fue vinculado con el caso de los drones cargados de explosivos que estallaron en la avenida Bolívar de Caracas dos meses antes en el acto del 81 aniversario de la Guardia Nacional y en el que Nicolás Maduro daba un discurso. Castillo Lunar fue llevado a El Helicoide, luego al Rodeo I. En agosto de 2022, un Tribunal Especial contra el Terrorismo le impuso la pena máxima de 30 años de prisión por delitos que incluyen traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de frustración. Los reportes de organizaciones de derechos humanos y de sus familiares indican que sufrió brutales golpizas, episodios de asfixia y tratos degradantes destinados a doblegar su voluntad y forzarlo a grabar videos de autoinculpación que luego serían exhibidos públicamente. 

El proceso contra Castillo Lunar es una triste evidencia más del sistema de justicia en Venezuela: más de 140 audiencias suspendidas y 22 diferimientos injustificados. Pasa aún por un calvario sin solución a pesar de que dos inspectores del propio Sebin testificaron durante el proceso oral que las inspecciones realizadas en el vehículo de Castillo Lunar no arrojaron evidencias criminalísticas ni vínculo alguno con el presunto atentado de la avenida Bolívar, y a que el entonces ministro de Comunicación y actual jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, había reconocido que Castillo no había participado en los hechos por los que se le detuvo. Ante la ausencia de justicia, la misión de Naciones Unidas sigue siendo necesaria para establecer la verdad y proteger vidas.