Editorial El Nacional: Renovar sin soltar el control

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La designación de los doce representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales ofrece una primera señal alentadora. La lista aprobada el 22 de octubre incluye nombres confiables y venezolanos de formación intelectual y trayectoria profesional que merecen reconocimiento. Su presencia da cierto aire de tranquilidad a un proceso rodeado de dudas. Pero ahora comienza la parte más difícil.

Sería ingenuo suponer que el chavismo renunciará sin resistencia al control del Tribunal Supremo de Justicia. Cabe prever que recurra a sus artimañas para conservar el dominio de las salas Constitucional, de Casación Penal y Político-Administrativa. Incorporar magistrados respetables en otras salas, mientras mantiene subordinadas aquellas que considera decisivas, le permitiría presentar una apariencia de apertura y preservar los instrumentos judiciales de su poder. El Comité debe impedir que la renovación termine convertida en esa engañifa.

La primera tarea debe ser sustituir al almirante Giuseppe Alessandrello en la presidencia y escoger una conducción civil —de los representantes de la sociedad civil recién designados— que inspire confianza. Haber presidido la Comisión Preliminar no le concede un derecho adquirido sobre el órgano definitivo. Conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Comité elige a su presidente por mayoría absoluta de sus integrantes. El cargo tampoco está reservado a un diputado. Hay que ejercer esa atribución.

La condición de almirante y la militancia de Alessandrello en el PSUV pesan al valorar su idoneidad para conducir una tarea que exige independencia frente al poder militar y partidista. ¿Qué señal de cambio ofrece una renovación judicial dirigida por alguien que milita en el partido que ha politizado la Fuerza Armada y la justicia durante las últimas décadas? Escoger entre los integrantes del Comité a un civil con autoridad intelectual, permitiría comenzar a responder esa pregunta con una decisión.

Los representantes de la sociedad civil tienen la oportunidad de hacer valer el sentido de su presencia. Sus credenciales permiten esperar una actuación independiente. Sus votos mostrarán si esa expectativa encuentra respuesta, incluso cuando deban contrariar a quienes promovieron sus nombres.Después vendrá el examen de los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, que exige mucho más que contar títulos y años de ejercicio. Importa conocer cómo ha actuado cada candidato frente al poder y si ha defendido el Derecho cuando hacerlo tenía un costo. Quien haya ejercido como juez deberá responder por las sentencias que firmó, por el trato que dio al debido proceso y por su conducta en las causas que interesaban al gobierno. Quien invoque méritos académicos tendrá que acreditarlos mediante obras auténticas, docencia y credenciales verificables. Un doctorado no borra una trayectoria de sumisión ni convierte en jurista a quien carece de obra y pensamiento propios.

La independencia debe exigirse en todas las salas. Ninguna puede entregarse como cuota de un acuerdo político.

Ese examen requiere publicidad. Las credenciales y los posibles conflictos de intereses deben estar disponibles para la consulta ciudadana. Las entrevistas deben admitir preguntas difíciles, transmitirse en directo y conservarse para su revisión. También habrá que atender las objeciones y explicar las razones de cada escogencia. De poco serviría cumplir las etapas del procedimiento si los nombres llegaran acordados antes de comenzar las deliberaciones.

Los integrantes confiables del Comité afrontan un riesgo adicional. Su prestigio podría utilizarse para dar credibilidad a decisiones sobre las cuales no hayan tenido influencia real. Deben exigir información, dejar constancia de sus objeciones y explicar al país cualquier intento de desviar el proceso. La confianza que despiertan aumenta su responsabilidad.

Venezuela necesita que la renovación del TSJ quite al poder político el control de los jueces. Si ese control termina repartido entre nuevos beneficiarios, cambiarán los magistrados y seguirá intacto el problema. Por eso, la tarea tampoco puede agotarse en el máximo tribunal. Debe alcanzar a toda la carrera judicial, con concursos públicos, estabilidad y ascensos fundados en el desempeño, para que los jueces puedan decidir sin depender de una llamada y sin temer que una sentencia les cueste el cargo.

La prueba llegará cuando un ciudadano reclame protección frente al gobierno. Si todavía necesita conocer a alguien, conseguir una llamada o esperar una autorización política, el cambio habrá fracasado. El nuevo TSJ comenzará a merecer ese nombre cuando quienes escogieron a los magistrados descubran que ya no pueden darles órdenes.

El chavismo intentará renovar sin soltar el control. El Comité tiene la responsabilidad de frustrar esa emboscada.