ALBERTO JOSÉ HURTADO B. | EL UNIVERSAL
domingo 3 de marzo de 2013 12:00 AM
En economía, las teorías explicativas de la intervención pública sugieren que los agentes que participan en la toma de decisiones dependen unos de otros, como elementos de un mismo sistema político-económico, por lo cual, las decisiones que se toman, además del desarrollo y funcionamiento de dicho sistema, dependen de las reglas y de las instituciones que lo conforman. De esta manera, el mejor resultado de una política económica se puede conseguir en la medida que alrededor de la misma se logre consenso social y se cuente con mecanismos institucionales que garanticen su puesta en práctica, seguimiento y evaluación.
Así, en economías en donde la autoridad tiene claro las limitaciones de su acción discrecional y concentra sus decisiones en las ventajas del uso de reglas de actuación que garanticen el consenso social y permitan un papel preponderante a las instituciones vigentes en la sociedad, se han logrado resultados macroeconómicos alentadores que permiten pensar en mejores condiciones para responder a shocks internos y externos, y mejorar las condiciones de vida de la población.
El ejemplo más reciente de este tipo de intervención pública en la economía es Perú, nación suramericana que desde la aprobación de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal (1999), estableció limites al crecimiento del gasto corriente (4% del PIB) y fijó un tope al déficit público (1% del PIB), en el marco de una institucionalidad no dependiente de un partido o ideología política, y un consenso político-social que ha permitido la coordinación intertemporal de las acciones económicas emprendidas por los gobiernos durante distintos mandatos. Lo antes planteado ha permitido que la nación andina sea considerada como una de las economías de crecimiento más pujante y más estable de América Latina.
Los resultados que explican esa conclusión los describe el FMI en su informe de febrero 2013 (IMF Country Report, N 13/45, Perú), de donde destaca: a) crecimiento superior al 6% anual del PIB real en el período 2002- 2012; b) tasa de inflación anual inferior al 2,5% durante el mismo lapso de tiempo; c) política monetaria utilizada para hacer frente al aumento en la entrada de capitales que presionan a la baja al tipo de cambio, así como medidas de esterilización para evitar presiones inflacionarias; y d) reducción de la pobreza extrema de 21% en 2003 hasta 9,8% en 2010.
Planteado de esta manera, el manejo adecuado de la economía representa un reto para la sociedad como un todo, enfrentarlo requiere: 1) entender que algo se está haciendo mal cuando los resultados alcanzados no son los propuestos; 2) búsqueda continua del entendimiento ciudadano y; 3) el desarrollo de estructuras institucionales que garanticen el logro de objetivos en beneficio de la sociedad. Perú parece haberlo logrado, ¿Venezuela será capaz de hacerlo?
Así, en economías en donde la autoridad tiene claro las limitaciones de su acción discrecional y concentra sus decisiones en las ventajas del uso de reglas de actuación que garanticen el consenso social y permitan un papel preponderante a las instituciones vigentes en la sociedad, se han logrado resultados macroeconómicos alentadores que permiten pensar en mejores condiciones para responder a shocks internos y externos, y mejorar las condiciones de vida de la población.
El ejemplo más reciente de este tipo de intervención pública en la economía es Perú, nación suramericana que desde la aprobación de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal (1999), estableció limites al crecimiento del gasto corriente (4% del PIB) y fijó un tope al déficit público (1% del PIB), en el marco de una institucionalidad no dependiente de un partido o ideología política, y un consenso político-social que ha permitido la coordinación intertemporal de las acciones económicas emprendidas por los gobiernos durante distintos mandatos. Lo antes planteado ha permitido que la nación andina sea considerada como una de las economías de crecimiento más pujante y más estable de América Latina.
Los resultados que explican esa conclusión los describe el FMI en su informe de febrero 2013 (IMF Country Report, N 13/45, Perú), de donde destaca: a) crecimiento superior al 6% anual del PIB real en el período 2002- 2012; b) tasa de inflación anual inferior al 2,5% durante el mismo lapso de tiempo; c) política monetaria utilizada para hacer frente al aumento en la entrada de capitales que presionan a la baja al tipo de cambio, así como medidas de esterilización para evitar presiones inflacionarias; y d) reducción de la pobreza extrema de 21% en 2003 hasta 9,8% en 2010.
Planteado de esta manera, el manejo adecuado de la economía representa un reto para la sociedad como un todo, enfrentarlo requiere: 1) entender que algo se está haciendo mal cuando los resultados alcanzados no son los propuestos; 2) búsqueda continua del entendimiento ciudadano y; 3) el desarrollo de estructuras institucionales que garanticen el logro de objetivos en beneficio de la sociedad. Perú parece haberlo logrado, ¿Venezuela será capaz de hacerlo?
