Editorial El Nacional: El cambio en Venezuela no es genuino

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El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que será presentado hoy en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dice lo que todos sabemos, aunque unos más otros. Y es necesario decirlo, sin embargo, porque se corre el riesgo de que se olvide que Venezuela está bajo examen internacional desde 2014. La Misión fue creada para “investigar violaciones graves de los derechos humanos —incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la violencia sexual y por motivos de género— , con miras a garantizar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. 

Y eso es lo que ha hecho la Misión sin duda: investigar, documentar y contribuir a que sepa lo que ha ocurrido en el país, al menos, durante más de una década, en la que perecieron las libertades, se llenaron las cárceles y se produjo una estampida humana nunca vista en nuestra historia. Sigue pendiente la enorme tarea de "la plena rendición de cuentas de los autores de las violaciones y la justicia para las víctimas". Una tarea que supera las capacidades de la Misión y que hace obligante que otras fuerzas, otras voces, ayuden a completar el trabajo.

En las conclusiones del informe se reconoce que desde el ataque de Estados Unidos del 3 de enero se han reducido las detenciones largas y se expresa también la ”grave preocupación” por la existencia de centenares de presos políticos que “siguen siendo víctimas de tortura y malos tratos y soportan condiciones de detención deplorables”. Se alerta de la crítica situación en El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, para que autoridades como el ministerio (o misterio) del Servicio Penitenciario tome nota y actúe.

El centro de las conclusiones es la constatación de que desde el 3 de enero la disminución de las formas más severas de represión carecen del acompañamiento “de los cambios transformadores necesarios para una mejora sostenida de la situación de los derechos humanos”. La Misión percibe, como buena parte de los venezolanos, que las medidas de liberalización política son “parciales, condicionales y reversibles” y duda la Misión que representen “un cambio genuino y sostenible respecto a la política estatal de represión, sino que son “un simple ajuste táctico”.

Lo que es visible es que las estructuras jurídicas e institucionales del Estado que han sustentado la persecución política y facilitado la comisión de violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad no han sido desmanteladas, ni el Gobierno interino ha mostrado intención alguna de reformarlas. Tampoco, apunta el informe, se han adoptado medidas significativas para impulsar las investigaciones internas sobre las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes internacionales cometidos durante la última década. Y considera en esa línea que la retirada del Estatuto de Roma “parece socavar aún más las perspectivas de rendición de cuentas”.

Cambios ha habido desde el 3 de enero, lo dice la Misión y los vivimos los venezolanos, que observamos si esos cambios van en la dirección que esperamos y por la cual se ha luchado durante un par de décadas, con altibajos, decepciones y vueltas a empezar con renovados bríos. Con seguridad no todas las transformaciones que se aspiran en una transición democrática se logran, pero no sería una transición si esas transformaciones no son el germen de una sociedad distinta, en proceso de sanación y de crecimiento humano.