En pocas palabras. Javier J. Jaspe / Washington D.C.
Mientras esta semana en Venezuela transcurrió con la gente soportando con desencanto las acciones de un gobierno usurpador por señas, curiosa forma en que Nicolás Maduro recibiría las instrucciones de Hugo Chávez en su lecho de enfermo, José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, anunció desde París que en las próximas semanas se sabrá si el segundo de los nombrados podrá o no gobernar el país. De esta manera, Insulza interviene abrupta y groseramente en los asuntos internos de un país miembro de la OEA, confirmando la imagen caótica que estaría viviendo este organismo internacional, al decir de, hasta hace poco, un par de sus calificados y altos funcionarios.
Nos referimos a Guillermo Cochez, ex-embajador de Panamá en la OEA y William Berenson, quien por un período de treinta años se desempeñó como alto funcionario del referido organismo, llegando a ocupar el cargo de Consultor Jurídico. Cochez y Berenson protagonizaron un interesantísimo debate sobre el papel y actual situación de la OEA, en el Instituto CATO en Washington D.C., el pasado 22 de los corrientes. Los interesados todavía pueden ver este evento en: http://www.cato.org/people/guillermo-cochez
Cochez, quien fuera destituido por el gobierno de Panamá, luego de haber planteado infructuósamente la necesidad de que la OEA realizara una investigación sobre los acontecimientos que llevaron a Maduro a usurpar de manera inconstitucional el poder en Venezuela, hizo una apasionada defensa de su gestión diplomatica en pro de la democracia y los derechos humanos en América Latina, no sólo en este episodio venezolano, sino también en relación con los casos de Honduras (destitución de Manuel Zelaya), Nicaragua (invasion a Costa Rica), Colombia (campamentos de las FARC en Venezuela), Paraguay (destitución de Fernando Lugo) y Cuba (resolución para facilitar su retorno a la OEA).Los detalles de la intervención de Cochez en el aludido evento pueden verse en el website arriba indicado, pero si uno quisiera destacar el meollo de su tesis, pudiera decirse que en su opinión la OEA se encuentra a punto del caos, por haber demostrado durante la gestión de Insulza su evidente incapacidad para defender la democracia y los derechos humanos en América Latina.
En efecto, en el caso hondureño, Insulza se convirtió en activo defensor de Zelaya, a pesar de que su destitución se debió a su pretendida reelección con el apoyo financiero de Chávez, en abierta violación de la constitución vigente. En relación con Paraguay, Insulza promovió la diligente investigación de la OEA, cuando la destitución de Fernando Lugo, otro aliado de Chávez, por el Congreso de ese país, se basó en causas que la propia constitución establece. Respecto a Nicaragua, fue evidente la paracialización de Insulza en favor de Daniel Ortega, también aliado de Chávez. A pesar de que Colombia presentó pruebas de los campamentos de las FARC en las zonas fronterizas venezolanas, Insulza se negó a promover una investigación de estos hechos. Finalmente, en lo atinente a Cuba, fue verdaderamente patética la diligencia emprendida por Insulza para obtener una resolución que le permitiera a ese país el reingreso a la OEA, posibilidad que los Castro han mirado desde entonces con marcado desdén.
Otras consideraciones fueron expuestas por el abogado Berenson que también justificarían considerar a la OEA al borde del caos, cuando no viviendo una situación de esquizofrenia, como él mismo la calificara. Ésto, no sólo por lo que el indicado abogado dijo, sino también porque la lectura de documentos esenciales del sistema interamericano parecen indicar que hubo cierta parcialización de su parte, sino en defensa de Insulza, por lo menos para justificar la criticable actitud del Secretario General denunciada por Cochez.
Entre los principales argumentos de la exposición del abogado Berenson en favor de Insulza, pueden destacarse los siguientes:
Como Secretario General, Insulza tiene facultades bastante limitadas, ya que la mayor parte de poderes son otorgados al Consejo Permanente por el tratado de la OEA. Es cierto que si se comparan, los poderes del Consejo Permanente son mayores que los que dispone el Secretario General, pero de conformidad con el tratado, en su artículo 110, el Secretario General está facultado para llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente o el desarrollo de los Estados miembros. Es de palpable evidencia que la situación de inconstitucionalidad y de usurpación de funciones por parte del gobierno de Maduro, que ha estado viviendo Venezuela desde el 10 de enero pasado, tiene el elevado potencial de afectar la paz y el desarrollo en el país.
El país desde esa fecha ha conocido diversas manifestaciones de protesta, incluidas las valientes manifestaciones estudiantiles, y el gobierno usurpador acaba de promulgar un paquete de medidas económicas, comprendida una devaluación del bolivar en casi 50%, que afecta significativamente el desarrollo de la actividad económica venezolana. En cambio, Insulza no sólo bloqueó la solicitud de investigación presentada por el ex-Embajador Cochez, sino que recientemente en París reiteró su apoyo al gobierno usurpador de Maduro y al Tribunal Supremo de Justicia que lo legitimó con una sentencia espúrea, en unas declaraciones que demuestran su manifiesta intervención en los asuntos internos de Venezuela. http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-061/13
Las visitas que puede ordenar el Secretario General o el Consejo Permanente a un país miembro, de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana requieren el consentimiento previo del gobierno afectado. Esta también es una verdad a medias, pues este es el caso del artículo 18 de la Carta Democrática Intramericana, pero no el regulado en el artículo 19. De acuerdo con este último artículo, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.
En Venezuela, a raíz de la inconstitucional sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 9 de enero pasado y con motivo de que Hugo Chávez no se ha juramentado para ejercer la presidencia en su nuevo período, se vive una situaciónde ruptura del orden democratico ya que ese mismo día se venció el período que venía desempeñando Chávez desde el 2007 y por vía de consecuencia expiró el nombramiento de Maduro como Vicepresidente. Ante este hecho, el orden democratico establecido en la constitución exigía que se encargara de la presidencia de la república, el presidente de la Asamblea Nacional. Por la misma razón, si lo anterior no bastara, también se ha producido una alteración del orden constitucional, ya que el gobierno de Maduro no tiene ningún fundamento jurídico, al no haber sido elegido por votación popular ni tener designación válida para el cargo de Vicepresidente. Al mismo tiempo, al estar usurpando funciones que no le corresponden, sus actos están viciados de nulidad absoluta, en virtud de lo dispuesto en el mismo texto constitucional.
Las condiciones de ruptura del orden democratico o de alteración del orden constitucional son difíciles de probar, sobre todo cuando los propios órganos públicos, como la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia apoyan al gobierno de Maduro. Este es un argumento sofista, ya que como es suficientemente conocido por Insulza, en Venezuela priva una concentración de los poderes públicos en cabeza del gobierno de Hugo Chávez, el cual controla de manera absoluta tanto la Asamblea Nacional como el Tribunal Supremo de Justicia, en contra del principio democratico de separación de poderes. Por otra parte, precisamente de eso se trataba, es decir, que la investigación solicitada por Cochez pusiera en evidencia que se ha producido una rupture del orden democratica y una alteración del orden constitucional, mediante la connivencia y complicidad del gobierno de Maduro con los personeros del chavismo que dirigen el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional.
Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podrían servir de base para motivar una acción del Consejo Permanente de la OEA. Al abogado Berenson le sobra razón en este argumento. Los informes de la CIDH substancian importantes violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de Chávez, los cuales son del conocimiento de Insulza. A éste también le consta que desde hace muchos años Chávez se ha negado reiteradamente a aceptar las visitas anuales de la CIDH y que recientemente su gobierno denunció los tratados y acuerdos en materia de derechos humanos, en violación abierta de la constitución venezolana. Esta situación debería haber motivado una urgente inclusion de los informes de la CIDH en la agenda del Consejo Permanente, pero el Secretario General Insulza se ha hecho el desentendido en esta materia, persistiendo en su actitud complaciente con el gobierno de Chávez y ahora con el usurpador gobierno de Maduro.
Hay otras consideraciones que se expusieron en el debate entre Cochez y Berenson, y el ciclo de preguntas y comentarios por parte del publico asistente. De este contexto destaco que la actitud de Insulza parece ser un reflejo de la influencia que ha venido y estaría ejerciendo sobre su gestión, el gobierno de Chávez y los gobiernos de los países que forman parte del ALBA (Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela), o que se benefician de las ventajas petroleras que les otorga su participación en PETROCARIBE (los anteriores países más otros de la región latinoamericana y caribeña), cuyos votos fueron determinantes para su elección y reelección como Secretario General de la OEA. En definitiva, se trataría de la misma historia que vincula el interés del gobierno de Hugo Chávez y Maduro, en complicidad con los Castro en Cuba, en hacer inoperante la OEA, llevarla al caos y hasta destruirla, para excluir a Estados Unidos y Canada y darle vigencia a la CELAC, presidida este año por Raúl Castro, tarea en la que Insulza parece estar cumpliendo un importante papel, aunque no le arrendamos las ganancias.
En pocas palabras, el rico debate entre Guillermo Cóchez y William Berenson, acompañado de las intervenciones y preguntas del publico, celebrado esta semana en el instituto CATO en Washington D.C., permitió discutir sobre el papel de la OEA y la actuación de su Secretario General, José Miguel Insulza, sobre varios casos relacionados con la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región latinoamericana, demostrando que la indicada organización parece encontrarse al borde del caos. Sobre este debate hemos expuesto algunas consideraciones en partes anteriores de este artículo. Valga también destacar, que la errática actuación de Insulza parece ser un reflejo de la influencia que ha venido y estaría ejerciendo sobre su gestión, el gobierno de Chávez y los gobiernos de los países miembros del ALBA y beneficiarios de PETROCARIBE. En definitiva, se trataría de la misma historia que vincula el interés del gobierno de Hugo Chávez y Maduro, en complicidad con los Castro en Cuba, en hacer inoperante la OEA, llevarla al caos y hasta destruirla, para excluir a Estados Unidos y Canada y darle vigencia a la CELAC, presidida este año por Raúl Castro, tarea en la que Insulza podría estar cumpliendo un importante papel, aunque no le arrendamos las ganancias. Veremos…
