El estado de excepción se ha prolongado por dos años y medio en el país mediante decretos, con sus prórrogas, emitidos por el Ejecutivo nacional y avalados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pese a que la Constitución en su artículo 338 prevé que la medida no puede extenderse por más de 60 días con la posibilidad de extenderlo por idéntico plazo. La excusa para las medidas extraordinarias ha sido una emergencia económica que el Gobierno no termina de resolver, pero el objetivo real ha sido darle más poder a Nicolás Maduro.
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