La respuesta rápida a la pregunta del título es que no lo sabemos. Delcy Rodríguez es la que nos dice que el acuerdo “histórico” alcanzado con el gobierno de Estados Unidos engendrará la Venezuela “próspera y feliz” del futuro a la vuelta de un año, de cinco, de diez o de cincuenta. Y argumenta una obviedad: no tiene ningún sentido tener 300 mil millones de barriles de petróleo bajo tierra sin explotar. Lo que calla es que existieron los planes, el personal y el talento nacional capacitado para aumentar de manera progresiva la entonces consolidada producción petrolera que ahora yacen bajo los escombros de lo que fue Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Al impacto del doblete sísmico de hace dos meses lo sigue ahora este doblete opaco del “gran acuerdo energético”, tanto por el interinato -previsible- como por la administración de Donald Trump, que ejerce la tutela del país desde el 3 de enero. En juego está casi la cuarta parte de las reservas petroleras del país cuyo “control mayoritario” tendría Washington -un regalo dice Trump de Venezuela al pueblo de Estados Unidos- por un tiempo aún impreciso y un retorno para el país tan desmesurado como incierto.
Nadie pone en duda que se requiere con urgencia inversiones, tecnología y gente preparada y especializada para recuperar la industria petrolera. Para que vuelva a ser la palanca del desarrollo y de esa forma sacar a la nación de la postración en la que se encuentra tras dos décadas y media de manejos torpes y dolosos. Y nadie, o muy pocos, rechazan la idea de renovar y reforzar los vínculos comerciales y de todo tipo con Estados Unidos, destino histórico de buena parte de nuestro crudo, y de manera más ventajosa para nuestros intereses desde la nacionalización petrolera, cuando el Estado venezolano se hizo dueño del negocio.
Pero el país necesita saber y debatir lo que se acordó. Como señaló en un post en la red X nuestro articulista Ramón Escovar León un acuerdo de la magnitud señalada, que compromete 65 mil millones de barriles de petróleo, “no puede ser asunto exclusivo del gobierno interino ni decidirse sin participación del país. Sus términos deben discutirse y su conformidad con la Constitución debe ser objeto de un debate nacional”. ¿Será posible tal debate? ¿O debemos esperar que los controles aún resquebrajados de la democracia americana operen en alguna medida a favor de nuestros intereses?
Desde el 3 de enero, y más aún desde la devastación del 24 de junio, que desnudó la precariedad de las instituciones venezolanas, la tutela sobre el país se profundizó. Y avanza a una velocidad de crucero en el ámbito del control económico y a una lentitud exasperante en la recuperación democrática, sin que se haya completado la liberación de los presos políticos, con severas limitaciones sobre la libertad de expresión y la circulación de la información, sin rendición de cuentas y más promesas que avances tangibles en el adecentamiento institucional del país y, por tanto, el retraso en la transición democrática es evidente y desesperanzador.
¿Puede un régimen interino, sin credibilidad, ofrecernos un futuro “próspero y feliz”? A Venezuela le urge recuperar su democracia y sus instituciones para estar en capacidad de ofrecer garantías sólidas, responsables y verificables que comprometan sus riquezas en un proyecto estratégico de recuperación económica y social en un ambiente de libertades.
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