EN: https://www.elnacional.com/editoriales/2026/08/la-renovacion-del-tsj/
La renovación del Tribunal Supremo de Justicia es un paso relevante del proceso de reinstitucionalización que se ha iniciado en Venezuela. Debe significar una ruptura con el pasado. Si cambian los magistrados, pero se conservan los criterios que permitieron seleccionar a quienes convirtieron el máximo tribunal en un instrumento del poder, poco habremos avanzado. Es una cuestión que debe tener especialmente presente quien ejerce el tutelaje sobre el Rodrigato.
Los nuevos magistrados deben reunir tres condiciones fundamentales: independencia política, reconocida honestidad y sólida formación jurídica e intelectual. Un jurista bien formado que carezca de independencia puede poner sus conocimientos al servicio del poder. La independencia sin honestidad tampoco garantiza una buena justicia. Y la honorabilidad, siendo indispensable, no sustituye la preparación que exige integrar el máximo tribunal de la República.
La independencia plantea un primer problema. El chavismo podría sostener que los nuevos magistrados deben provenir preferentemente de quienes actualmente ejercen la función judicial. El argumento tendría sentido en un país con una verdadera carrera judicial, donde los jueces ingresaran mediante concursos públicos de oposición, ascendieran por sus méritos y gozaran de estabilidad frente al poder. Es lo que ocurre en España y en Colombia, pero no en Venezuela. La Constitución estableció una carrera judicial fundada en concursos públicos que aseguraran la idoneidad y excelencia de los jueces, pero esa promesa quedó frustrada. Durante años los nombramientos provisorios y las designaciones sin concursos permitieron construir una judicatura servil.
Aquí hay que poner pie en pared. El simple hecho de ejercer actualmente como juez no puede convertirse en una credencial favorable para llegar al Tribunal Supremo de Justicia. Haber sido juez puede aportar experiencia. Haber sido un juez servil no puede convertirse en un mérito.
Hay otro problema, muy distinto, que tampoco debería pasar inadvertido. Es el de la formación intelectual. El máximo tribunal necesita juristas capaces de enfrentarse a los complejos problemas que llegan a sus distintas salas. Pero no puede confundirse formación con acumulación de diplomas. En los últimos años hemos visto aparecer en algunos currículos vinculados al oficialismo una profusión de doctorados, postdoctorados y otros títulos obtenidos en circunstancias que merecen ser examinadas. Es el fenómeno de los llamados “doctorados exprés”.
¿Qué es un doctorado exprés? No se define solamente por su corta duración. El problema aparece cuando resulta difícil verificar su calidad académica, cuando proviene de instituciones cuya solvencia no está suficientemente acreditada o de programas de los cuales no se conocen públicamente el plan de estudios, las exigencias de investigación, los profesores, la tesis presentada ni los integrantes del jurado que la evaluó. Un doctorado supone normalmente años de estudio e investigación. El título acredita precisamente ese recorrido, no la mera entrega de un diploma.
Aquí vale la pena revisar la página web del Tribunal Supremo de Justicia y leer el currículo de su presidenta, Caryslia Rodríguez. La cantidad de doctorados y postdoctorados que allí se enumeran plantea, desde una perspectiva académica, preguntas que merecen respuesta.
De allí que, en el nuevo proceso de selección, no baste con contar títulos. Hay que saber dónde y cómo fueron obtenidos. ¿Cuál fue el programa cursado? ¿Cuánto duró? ¿Quién dirigió la tesis? ¿Cuál fue el tema investigado y dónde puede consultarse el trabajo? ¿Quiénes integraron el jurado? Y, más allá de los diplomas, ¿qué ha publicado el aspirante?, ¿qué ha aportado al derecho venezolano? No son preguntas retóricas. Lo que corresponde es conocer cuándo y cómo se realizaron esos estudios, cuáles fueron las tesis doctorales, quiénes las dirigieron y evaluaron y dónde pueden consultarse. El escrutinio debe ser exactamente el mismo para cualquier aspirante que presente credenciales semejantes.
No se trata de descalificar universidades ni de establecer una aristocracia académica. Tampoco de caer en una suerte de fetichismo del doctorado. Venezuela tiene juristas cuya formación se acredita mediante décadas de docencia universitaria, investigación, publicaciones y ejercicio profesional. Una obra jurídica seria puede decir mucho más sobre la capacidad intelectual de un candidato que una colección de diplomas.
Y queda la sociedad civil. Universidades, academias, colegios profesionales y organizaciones vinculadas con la justicia tienen que examinar las postulaciones, formular observaciones y proponer candidatos. Un proceso de esta importancia tiene que ser supervisado y seguido en sus detalles por el facilitador del proceso de negociación: el Departamento de Estado.
También deben dar un paso adelante los propios juristas. Quienes cumplan los requisitos constitucionales, tengan reconocida honestidad y solvencia intelectual y hayan dado pruebas de independencia deben postularse. No basta con criticar desde afuera el deterioro de las instituciones.
La renovación del Tribunal Supremo de Justicia será una prueba para saber hacia dónde se dirige el proceso político venezolano. Si llegan juristas independientes, honestos y bien formados, estaremos comenzando a reconstruir el Estado de derecho.
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