EN: https://www.elnacional.com/editoriales/2026/08/la-libertad-de-expresion-mal-gracias/
Durante casi 8 meses los presos políticos han salido (todavía faltan varios centenares) a cuentagotas. Y a la par se han abierto algunas rendijas para contar lo qué ocurre. El férreo control ejercido sobre la información y los informantes apenas cede terreno. El régimen venezolano siempre añoró parecerse al cubano donde los medios de comunicación que existen son públicos y todos los periodistas trabajan para el Estado. La libre circulación de ideas, de versiones, de rumores, es nociva. La única verdad es la verdad oficial.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP, seccional Caracas) han documentado durante lo que va de año -este año comenzó el 3 de enero, se recuerda- que el ejercicio del periodismo continúa condicionado por la censura, el bloqueo de medios digitales, la criminalización de la labor informativa y la inseguridad jurídica.
Las afirmaciones anteriores se traducen en: 24 actos de intimidación, 23 impedimentos de cobertura, 23 detenciones arbitrarias, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 13 ataques directos, 12 borrados de material recolectado, 12 hostigamientos, 6 amenazas, 4 cierres de emisoras radiales (que se suman a 300 más en dos décadas), 1 decomiso de credenciales, 1 intento de robo de equipos. Con seguridad el ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela, tiene otra versión y dispone del sistema nacional de medios públicos (una posesión particular del régimen) para contarla sin restricciones.
Claro que ha habido cambios desde el 3 de enero: el interinato está tutelado desde Washington, se produce más petróleo, se liberaron más de mil presos políticos según la cuenta del Departamento de Estado de EE UU, se instaló una mesa de diálogo político aunque sin representación de la mayoría opositora y la prensa -mermada en recursos y personal- informa más y mejor sobre lo qué ocurre pero siempre bajo la mirada vigilante del poder. Un poder que ya no puede encarcelar “a la brava” pero se permite producir un video contra medios nacionales e internacionales que le dieron la voz a familiares de víctimas de los terremotos del 24 de junio.
La agenda legislativa, al gusto de Jorge Rodríguez, no tiene previsto revisar y/o derogar las leyes concebidas para criminalizar la disidencia política y el periodismo independiente. Siguen campantes, como lo denuncian el Sntp y el CNP, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), en vigencia desde diciembre de 2004, cuando Hugo Chávez vio sometido su poder a un referendo revocatorio. Bajo la falsa promesa de proteger la difusión de valores ciudadanos y la infancia y promover la cultura se legisló contra la libertad. El Estado diría desde entonces cuáles eran los valores ciudadanos, cómo se protegía la infancia y en qué consistía la promoción de la cultura.
Las Leyes contra el Odio y la Simón Bolívar, aprobadas y ejecutadas bajo el patético período madurista, se dejaron de sofisticaciones y se convirtieron en instrumentos de dominio sin escrúpulos de quienes se quedaron sin pueblo para gobernar. “Más allá de lo que afirman las autoridades -dice las organizaciones del gremio periodístico- el ecosistema comunicacional sigue funcionando bajo un esquema de control en el que persiste un marco jurídico sancionatorio y punitivo que vulnera los derechos de la libertad de información y de expresión...”.
El punto tres de la agenda del diálogo político entre la Asamblea de Jorge Rodríguez y la del 2015 se refiere a “derechos y garantías políticas”. ¿Se discutirá sin prejuicios sobre la información y la libertad de expresión? ¿Se entenderá que el exceso de legislaciones conspira contra la libertad? ¿Se aceptará que la libertad está propensa a errores y excesos y que el intento de “encapsularla” solo esconde el objetivo de desnaturalizarla?
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