Sólo en 2013 dos periódicos y tres televisoras han sido suspendidos. Las acciones legales contra espacios críticos han ido creciendo en número. En 12 años se cuentan 44. Además de demandas, se expropian rotativas y se bloquean las cuentas bancarias de los medios
KEILYN ITRIAGO MARRUFO / Tal Cual Digital, Caracas *
El uso de artilugios judiciales para callar a los medios de comunicación privados e independientes que resultan incómodos para el Gobierno se viene haciendo con más frecuencia y menos disimulo. En lo que va de año, IPYS Venezuela ha reportado el cierre de dos periódicos y la suspensión de tres televisoras con señal por servicios de suscripción, luego de que algún tribunal del país ejerciera una acción como consecuencia una fuerte línea crítica a la gestión actual.Mientras que en 2012, fueron seis los medios que cerraron sus puertas por estas mismas razones.
La ONG Espacio Público, entre investigaciones abiertas y otros tipos de sanciones judiciales, contabilizó el año pasado ocho actores afectados. Entre ellos, un editor (Miguel Henrique Otero), un columnista (Omar Arévalo), un caricaturista (Roberto Weil), un periodista (Manuel Isidro Molina), dos medios de comunicación (Globovisión y Notitarde) y un camarógrafo (José Garboza). Desde 2002 para acá, han sido ejercidas 44 acciones punitivas, incluyendo los casos de Gustavo Azócar, Rafael Poleo, Nelson Mezherane y Guillermo Zuloaga.
PODERES ALCAHUETES
De acuerdo con IPYS, entre los mecanismos legales que el Estado ha buscado para criminalizar la labor periodística predominan las medidas de censura, las demandas penales, las imputaciones por supuestos cargos de desestabilización y órdenes económicas restrictivas. Estas, justamente son aplicadas, según se ha evidenciado, luego de que periodistas y medios impresos han difundido denuncias sobre hechos de corrupción en la gestión pública, o han publicado informaciones sobre hechos violentos producto de la inseguridad ciudadana. IPYS encuentra una relación directa entre las molestias de representantes del tren Ejecutivo y las actuaciones de la de la Fiscalía General de la República, lo cual demuestra “una posible articulación entre los poderes públicos para restringir el ejercicio de la libertad de expresión e información, tanto de los trabajadores de medios como de la sociedad en general”.
Héctor Faúndez, abogado y especialista en libertad de expresión, insiste en que la penalización de la expresión y el derecho a la información se instituyó en Venezuela al menos desde 2001 para acá. A su juicio, se ha hecho muy evidente la incomodidad que le provoca a las autoridades gubernamentales “cualquier información que pueda afectar su sensibilidad”.
Recuerda que las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión, según lo establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, promovida por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos. Además, el artículo 57 de la Constitución garantiza la libertad para la expresión y la información, y prohíbe cualquier tipo de censura que intente inhibir el debate plural de las ideas.
“PROTEGIENDO” A LOS NIÑOS
El diario La Mañana, del estado Falcón, actualmente en frenta una demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo por la supuesta violación de la integridad de niños y adolescentes, luego de la publicación de varias fotografías durante el año 2012, referentes a sucesos de homicidios y accidentes de tránsito en la entidad. El 12 de julio de 2013, el tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la jurisdicción emitió una orden de censura que impide la publicación de fotografías de hechos violentos en las páginas del impreso mientras dura el litigio legal. De aprobarse esta demanda, La Mañana tendría que cancelar una multa equivalente al 2% de las ganancias brutas del diario, lo cual en palabras de su editor, Atilio Yanez, significa una clara intención de quebrar al medio “por decir la verdad de lo que ocurre en Falcón”.
Desde 2006, se han emitido otras órdenes de censura para supuestamente proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entre los afectados están Diario La Prensa(2012), El Nacional (2010) y TalCual (2006 y 2010).
POLÍTICA DIRECTO CONTRA PERIODISTAS
Por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia registrados en el país tras las elecciones del 14 de abril, fueron señalados judicialmente tres periodistas. En Mérida, fueron demandados por la vía penal Horacio Contreras, locutor y director de Studio 102.7 FM; y Leonardo León, locutor de ULA FM 107.7 y corresponsal del diario El Nacional. También por “desestabilizador”, el Ministerio Público citó en calidad de testigo al periodista Nelson Bocaranda.
OBLIGADOS A APAGAR SUS PANTALLAS
El 21 de mayo de 2013, Atel TV fue sacado de la parrilla de servicios de televisión por suscripción por una supuesta orden de Conatel. Dos días después, en el mismo estado Zulia, tres funcionarios de la oficina de tributos de la alcaldía de Lagunillas, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, solicitaron el cierre y la salida del aire del canal privado Ciudad TV, alegando una deuda por pago de tributos. El director del canal, Heli Romero, pese a que no acusó directamente al alcalde de Lagunillas, sí explicó que en los últimos meses había sufrido ataques y amenazas por parte de funcionarios locales y miembros de consejos comunales.Nova TV, canal del estado Aragua, también fue sacado del aire sin razón aparente. Sus trabajadores siguen dando la pelea para volver a las pantallas.
SECUESTRO DE ROTATIVA
El 22 de enero de 2013, los representantes legales del Extra de Monagas informaron sobre el cierre definitivo de este impreso privado que llevaba 13 años de trayectoria en la región. La decisión tuvo que ser tomada luego que el 20 de septiembre de 2012, el Tribunal Primero del estado Monagas ordenara el embargo y secuestro de la rotativa del periódico local, debido a una demanda interpuesta por los dueños del Periódico de Monagas, otro medio de comunicación de esa localidad. Durante algunos meses el Extra de Monagas logró circular debido a que imprimía los ejemplares diarios en una rotativa ajena, pero luego se hizo insostenible económicamente. Los dueños del diario intentaron adquirir una nueva rotativa proveniente de Alemania, pero presuntamente no se pudo concretar la compra debido a que el Seniat no aprobó la gestión.
TAPANDO LA CORRUPCIÓN
Al Correo del Caroní, en el estado Bolívar, se le pretendió poner un bozal por la exhaustiva investigación que emprendió sobre el caso de corrupción en la compañía estatal Ferrominera del Orinoco.
El 23 de julio de 2013, el Tribunal Primero de Juicio del estado Bolívar ordenó una medida de censura contra el diario en el que se prohíbe la publicación de cualquier información sobre el caso de Yamal Mustafá, un empresario que fue detenido e imputado días previos por el Ministerio Público por su presunta vinculación en una red de extorsión en torno a la comercialización del mineral del hierro.
Mustafá, también dueño del diario local Primicia, demandó por la vía legal a David Natera, presidente del Correo del Caroní, por los supuestos delitos de difamación e injuria. Y, simultáneamente, presentó una demanda civil con los cargos de daños y prejuicios contra el impreso que contemplaba una multa económica tal alta que de aprobarse provocaría el cierre del periódico. Según las últimas informaciones, las dos demandas fueron admitidas por el tribunal.
En 2011, justo en la misma región, hubo otra medida de censura por una investigación de un supuesto caso de corrupción que involucraba al gobernador de la entidad, Francisco Rangel.
El Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes declaró procedente la acción de amparo que prohibía al diario El Venezolano publicar temas que afectaran los intereses del grupo familiar de Rangel, pues se ventilaba un proceso que tenía abierto el hijo del mandatario regional por presunta corrupción en la fabricación de cabillas en la Siderúrgica del Orinoco.
AHOGARLOS FINANCIERAMENTE
Sólo en el mes de julio, los propietarios de dos medios impresos tuvieron que enfrentar medidas de bloqueo de las cuentas bancarias: Miguel Henrique Otero, editor de El Nacional, y Leocenis García, presidente del Grupo Sexto Poder.
En el primer caso, la Fiscal General ordenó la prohibición de enajenar sus bienes como parte de una demanda civil interpuesta contra Otero por Alfredo Peña, ex alcalde de Caracas. Por su parte, a García se le acusó por supuesta evasión de impuestos. Ese mismo día representantes del medio anunciaron el cierre de la empresa por dificultades económicas para operar. Por ahora más de 100 trabajadores continúan en el limbo esperando al menos se descongelen las cuentas para recibir la liquidación.
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