EN: https://www.elnacional.com/2026/04/doble-condena/
Aún en este día, en el que en nuestra tradición católica celebramos la vida, nos sigue estremeciendo el calvario que viven compatriotas que permanecen en las prisiones por su forma de pensar. La Ley de Amnistía es insuficiente. Quizás porque nunca fue pensada como suficiente, sincera y justa.
Una parte de la población penitenciaria soporta una doble sentencia. La privación de la libertad y el deterioro acelerado de su salud bajo custodia. Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), una organización fundada en 2017 en el contexto de la más grave crisis de derechos humanos hasta entonces, dedicada a promover la justicia y el encuentro en la sociedad venezolana a través del perdón como medio de reconciliación y pacificación, llama la atención sobre índices de deshumanización que interpelan al Estado.
Estas son las cifras:
- 49 venezolanos tras las rejas sometidos a “un patrón de aniquilación silencioso en el que la denegación de medicina, alimento y sol funciona como una ejecución diferida”.
- 26 personas han fallecido bajo custodia entre 2015 y 20026, en aislamiento en las celdas, en los hospitales a los que llegan después de un abandono médico sostenido, o en arresto domiciliario. Sobre esas muertes no hay ningún tipo de investigación penal efectiva ni consecuencia para las cadenas de mando responsables. A cada fallecimiento lo sigue el silencio administrativo.
Y estos son algunos nombres de personas encarceladas, aportados por JEP, que de acuerdo con leyes vigentes deberían recibir medidas sustitutivas por razones humanitarias, al estar afectados por graves enfermedades que ponen en peligro sus vidas:
Merys Torres de Sequea: en el INOF desde septiembre de 2025. Padece artritis espondilitis con desgaste vertebral, falta de líquido sinovial y crisis hipertensivas. Se ignoran las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Emirlendris Benítez: en el INOF desde 2018. Está en silla de ruedas. Su diagnóstico incluye hernias discales, fibromialgia crónica, emigración de biopolímeros a la columna. La mitad de su cuerpo está paralizada. El Estado no responde los pedidos nacionales e internacionales de medidas humanitarias.
Orlando Laufer: de 70 años de edad, detenido desde noviembre de 2021. Paciente oncológico con un tumor cerebral que requiere cirugía urgente. Fue trasladado el 13 de marzo desde el Centro Simón Bolívar a un destino desconocido. A su esposa le niegan dar fe de vida o información oficial.
Leonardo Chirinos: funcionario de seguridad, su salud mental ha colapsado por el rigor del encierro. Ha intentado suicidarse. No ha recibido la atención psiquiátrica urgente que su condición exige.
¿Cuántas vidas más se apagarán en el silencio de las celdas para que se respete el derecho sagrado a la vida?, se pregunta Justicia, Encuentro y Perdón. ¿La responderá el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz?
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