Los principios fundamentales que rigen nuestro sistema penal, según la Constitución y las normas sustantivas y adjetivas que la complementan han sido sustituidos por prácticas y procedimientos sin fundamento jurídico alguno.
Bien podemos decir, con profunda preocupación ciudadana, que nuestra libertad, simplemente, depende de la voluntad de quien ejerce el poder.
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