La degradación y expulsión de 24 oficiales generales, almirantes, superiores y subalternos de la Fuerza Armada Nacional constituyen arbitrariedades inaceptables e injustificadas. Esos actos comprometen gravemente el esfuerzo realizado durante más de cien años por varias generaciones de venezolanos para crear una institución armada profesional, disciplinada, eficiente y apolítica. Lo primero a señalar es el momento en que ocurre. No pareciera existir hecho punible alguno, suficientemente probado, perpetrado por un solo profesional objeto de esas sanciones que justifique la razón de los decretos presidenciales 3298 y 3299 del 28 de febrero de 2018. Tanto es así que a ninguno de los oficiales sancionados se le señala específicamente el delito cometido en los considerandos de los decretos, a pesar de afirmar “que con ocasión de los hechos en que han incurrido los profesionales militares, se han iniciado las investigaciones correspondientes a los fines de determinar la existencia de tiempo, modo y lugar que permitan precisar el tipo de responsabilidad o carácter punible que revistieren sus acciones”. Es decir, que sin haber concluido esas investigaciones, sin un juicio militar con sentencia definitivamente firme y sin la suficiente autoridad para ello, el presidente de la República impone tan graves sanciones despojando a ese grupo de oficiales de su legítima condición de profesionales militares.
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