EN: https://www.elnacional.com/2025/07/un-detenido-cada-6-horas-durante-11-anos/
Desde el 8 de marzo de 2013 Nicolás Maduro ejerce el poder en Venezuela. Tres días después de la muerte oficial de Hugo Chávez, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo declaró "presidente encargado". Un largo mandato, con cuestionadas juramentaciones de por medio, que se extiende por más de 12 años, cuyos signos más visibles son el desmoronamiento físico e institucional del país, el exilio masivo de sus compatriotas y la protesta y, con ella, la represión.
Foro Penal registra desde 2014 hasta hoy la cantidad de 18.444 detenciones políticas. En cuatro mil y pico de días los organismos del régimen han puesto tras las rejas a razón de 4 ciudadanos por día: uno cada 6 horas en promedio. Es de muy de lejos, el desempeño más eficaz del régimen en el poder. No llega el agua, se va la luz, las escuelas apenas funcionan, pero la represión sigue campante.
No se trata, pues, de un aturdimiento, como se pudiera llegar a creer cuando se pregona, como se pregona, el épico rescate de nuestros migrantes deportados y maltratados que llevan una década saliendo, volando, caminando, del país.
Más de 9.000 venezolanos, siempre según Foro Penal, están sujetos a medidas restrictivas de su libertad. Hay un propósito malévolo de hacer sentir todo el peso del Estado dentro y fuera de las prisiones. Los que ahora reciben con los brazos abiertos fueron forzados a irse y ahora fueron forzados a regresar. La incomprensión y la torpeza no es exclusiva de Nicolás Maduro y de quienes lo acompañan en el poder.
Tras las medidas de excarcelación dictadas, la cifra de presos políticos se redujo sin que sea una señal de que se reconocen los actos injustos y crueles cometidos contra los detenidos.
Diosdado Cabello, con la sutileza que lo caracteriza, dijo que los que salían de las prisiones nacionales no eran "niños de pecho" y, a la vez, afirmó sin duda alguna que ninguno de los que llegaron de la cárcel del Cecot -la de Bukele- perteneció al Tren de Aragua. Los nexos entre el régimen y las bandas criminales están profusamente documentados. Aún cometiendo delitos, es preciso aclararlo, las leyes establecen derechos inviolables y las autoridades -Maduro, Bukele o míster Trump- deberían respetarlas rigurosamente, por decencia y humanidad.
En las cárceles del país, en condiciones terribles -los muertos en custodia del Estado son un doloroso y vergonzante testimonio- , permanecen 853 personas arrestadas por ejercer su derecho a la participación política. Una muy amplia mayoría de ellas ni siquiera ha sido juzgada y de 46 se desconoce su paradero.
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