La llamada Asamblea Constituyente Venezolana —organismo elegido en unas elecciones sin las debidas garantías y que ha usurpado las funciones de la cámara legislativa legítima, la Asamblea Nacional— ha aprobado un decreto por el cual todos los partidos políticos que no concurrieron a las elecciones municipales del pasado día 10 deberán someterse a un proceso de legalización.
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