Al momento en que entrego esta nota a la redacción del periódico, no se ha realizado la sesión de la Asamblea Nacional para legislar, tal vez, sobre el más importante asunto sobre el que tiene que pronunciarse en el tiempo que lleva en funciones: aprobar el enjuiciamiento del presidente de la República por acusaciones de corrupción relacionadas con el caso Odebrecht que solicitó la legítima Fiscalía General de la República ante el legítimo Tribunal Supremo de Justicia. El 9 de abril del presente año el tribunal admitió el antejuicio de mérito contra Maduro, solicitado por la fiscal general, ordenó su prisión preventiva y, en tal sentido, formuló una solicitud a Interpol de alerta roja en su contra. Asimismo, el TSJ en el exilio ofició a la AN para que, según el orden constitucional, autorice el enjuiciamiento del presidente; advirtiendo que la autorización respectiva generará la suspensión e inhabilitación inmediata del funcionario para ejercer cualquier cargo público, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal.
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