Con la derogación de los ilícitos cambiarios, tal y como lo señala el decreto que así lo establece, se pretende dar “las máximas seguridades para la inversión” para que los particulares “puedan participar más activamente en emprendimientos socioeconómicos”. Más allá de los rimbombantes y huecos términos a los que la “legislación” revolucionaria nos tiene acostumbrados, lo cierto es que sobre esa disposición de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se plantean serias dudas desde el punto de vista de su legitimidad y efectividad:....
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