EN: https://www.elnacional.com/2025/09/informe-contundente-del-terror/
Mientras en el Caribe Sur el despliegue militar de Estados Unidos y otros países aliados, incluso europeos, acorralan al narcotráfico y al Cártel de los Soles, en Ginebra se conoce el contundente Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Se confirma que las violaciones de derechos humanos, más bien crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país desde al menos 2014, son cada vez más graves y que “la política estatal de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno sigue implementándose sistemáticamente.
La lucha contra el narcotráfico no es como algunos pocos aliados del cártel lo expresan a la opinión pública, como los gobiernos de China, Colombia y Brasil, en contra de un país soberano, ni con la intención de sustituir un régimen como el mismo Maduro y su gente lo vociferan. Es contra la delincuencia organizada transnacional cuyas actividades afectan la paz, la seguridad y la estabilidad de la región y del mundo y que no se limitan al tráfico de drogas y de otras sustancias que causan daños irreversibles, sino que se extiende a otros productos estratégicos que alteran el orden internacional. Además, tales actos criminales se realizan contra una inmensa parte de la población civil, de forma sistemática, es decir, como una política de Estado que adquiere ese rango de crímenes de lesa humanidad.
El informe de la misión es realmente contundente y útil para visibilizar una vez más la realidad venezolana, que algunos gobiernos se niegan a ver, los más próximos de Lula y Petro, que lejos de llamar la atención sobre tales atrocidades y de apoyar la lucha contra la impunidad para erradicar estos crímenes, que es su responsabilidad como miembro de la comunidad internacional, se esconden en un apego hipócrita a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de las naciones.
El informe recoge, recurriendo a una metodología impecable y presentando pruebas incuestionables, pese al acorralamiento a las víctimas y sus familiares, las violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como violencia sexual y basada en género. Y también muertes, injustas, humillantes, inclementes.
Durante este período, se precisa en el informe, “la política estatal para silenciar, desalentar y anular a la oposición se ejecutó sostenidamente, combinando diferentes métodos, especialmente en los momentos de mayor tensión política como la toma de posesión presidencial o las elecciones parlamentarias y regionales. En esos contextos, la represión fue en aumento y se materializó, principalmente, en detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos.”
Este documento es una pieza fundamental en el desmantelamiento del grupo criminal que ha secuestrado el país, pero no solo ante la comunidad internacional reunida en el Consejo de Derechos Humanos y en general en las Naciones Unidas, sino en relación con los procesos abiertos en órganos internacionales, como la Corte Penal Internacional, a la que la Misión de Determinación de los Hechos le pide que “en el marco de sus procedimientos internos, avancen con mayor celeridad”. Se trata de elementos probatorios que serán considerados por esos órganos de justicia, evidencias que responden a una realidad que el aparato represivo ya no puede ocultar más.
La lucha por la libertad y por la justicia no corresponde solo a los venezolanos. Lo sabemos. Es una lucha de la comunidad internacional contra un grupo de alcance transnacional vinculado a actividades muy graves que se destacan en el mismo informe de las Naciones Unidas, por lo que la respuesta no corresponde solamente a una población sometida e impotente ante sus atropellos que se equiparan por su gravedad, alcance y forma, al terrorismo de Estado.
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