Por una de esas casualidades cósmicas, me encontraba en Washington cumpliendo compromisos académicos precisamente el 29 de mayo, fecha en la que el Panel de Expertos de la OEA presentó el Informe bajo referencia C-031/18 ante el Secretario General de la organización. Simplemente, me presenté a la sede de la organización interamericana y pude presenciar la rueda de prensa en la que se anunció como conclusión central que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que tales aberraciones se remontan al 12 de febrero de 2014 por lo menos.
Me llevó un tiempo leer las 400 páginas del informe y una cantidad similar de documentos que aparecen como anexos del mismo y que se corresponden parcialmente con las audiencias celebradas en septiembre, octubre y noviembre de 2017. La absoluta contundencia del trabajo realizado deriva de la evaluación jurídica de la información recopilada y del análisis de la jurisprudencia internacional sobre la cual, por cierto, les vengo comentando desde el año pasado en escritos como esté. Quiero presentarles un resumen sucinto de contenido y comentar el evidente proceso que se avecina.
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