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Saludos,
El comunicado de ayer de Mariana González de Tudares es valiente y desgarrador al mismo tiempo.
Su esposo (el yerno del Presidente Electo de Venezuela) ha sido víctima de un juicio amañado y absurdo. No hay ninguna prueba en su contra y sin embargo fue condenado a 30 años de prisión.
Pero lo que llama a indignación es que Mariana denuncia haber sido víctima de tres episodios de extorsión, “provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes. Estas tres extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas (Embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos.”
La extorsión fue explícita: se le exigió a Mariana que obligara a su padre a renunciar a la lucha, como condición para que Rafael pudiera recuperar su libertad. Todo ello ocurrió ante testigos y valiéndose de espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de los derechos de los venezolanos.
La identidad de los extorsionadores quedará develada más temprano que tarde, no les quepa la menor duda. Algunos de esos nombres no sorprenden, porque su prontuario es lo que los hace estar en altas posiciones gubernamentales
Por otra parte, estamos seguros de que el Arzobispo de Caracas y la Conferencia Episcopal Venezolana ofrecerán una explicación sobre esta denuncia hecha por la hija del Presidente Electo. Una cosa es que la Iglesia haga todo lo que esté a su alcance para defender los derechos humanos, y otra muy distinta es que preste sus instalaciones para que el régimen juegue truco y retruco con la libertad y la justicia de los venezolanos.
Esas mismas explicaciones tendrá que dar la representación diplomática que se prestó para semejante chapuza. Probablemente debió tratarse de la de Cuba, Irán, China o Rusia, porque cuesta imaginar que algo así haya ocurrido en la embajada de un país serio y democrático. De haber sido así, estaríamos ante un escándalo que exigiría respuestas inmediatas por parte de sus autoridades.
También tendrá que rendir cuentas la organización internacional que dice defender los derechos humanos y que, en la práctica, parece defender los derechos humanos de quienes gobiernan.
Quien haya participado en esa extorsión no quedará impune. No podrá alegar que actuó como mediador ni escudarse en que buscaba el bien de Rafael Tudares. Los extorsionadores, aunque se vistan de diplomacia, lleven un crucifijo o ganen salarios de burocracia internacional, siguen siendo eso, unos extorsionadores.
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