Ante la imposibilidad política de reformar la ley, el madurismo creó un atajo autoritario: la Ley Antibloqueo y el contrato de participación productiva (CPP), una privatización de facto sin seguridad jurídica. La reforma actual busca legalizar ese modelo para facilitar exportaciones, especialmente a EE.UU., pero no aborda el problema central: sin Estado de Derecho, los riesgos regulatorios siguen intactos.....
También puede verse:
Una reforma a favor de la corrupción administrativa
El nuevo proyecto de “simplificación de trámites administrativos” no reduce la burocracia ni mejora la gestión pública. Por el contrario, concentra en la Presidencia un poder discrecional para modificar trámites sin controles claros, debilitando el principio de legalidad y agravando las condiciones para la corrupción. Venezuela no necesita más leyes simbólicas ni atajos autoritarios.
https://lagranaldea.com/2026/01/26/una-reforma-a-favor-de-la-corrupcion-administrativa/
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