En el comunicado, los firmantes aseguran que el alto funcionario gubernamental no fundamentó sus graves acusaciones ni contra el presidente de Codevida ni contra esta Coalición, ocupada en defender los derechos a la salud y la vida de la población venezolana. Tampoco ofreció mayores detalles sobre las razones para no tomar medidas urgentes que comprenden usar la asistencia humanitaria a fin de evitar que unas 300.000 personas con condiciones crónicas fuesen privadas de medicamentos por más de un año, incluyendo personas trasplantadas, con hemofilia, cáncer y VIH que han ido falleciendo entre los años 2017 y 2018 por no tomar sus tratamientos.
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