Días atrás, siguiendo la advertencia realizada previo a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el gobierno de los Estados Unidos (EEUU) decidió dar un paso al frente y escalar en el conjunto de sanciones impuestas al gobierno venezolano e imponer así restricciones de carácter financiero a las operaciones en divisas del sector público.
La narrativa del gobierno estadounidense es sencilla: en su intento por aferrarse al poder, el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido una serie de abusos a los derechos humanos (DDHH) y libertades fundamentales de los venezolanos, llevando al país al caos propio de un Estado fallido con una crisis humanitaria sin precedentes.
Esta serie de elementos ha hecho necesario un incremento significativo en la presión internacional, dado el establecimiento de una ANC ilegítima, capaz de cambiar todas las normas existentes y suspender indefinidamente cualquier proceso electoral, altos niveles de corrupción en las diferentes ramas del gobierno y una escalada en la violencia y persecución política.
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