Aún crepitan en nuestras conciencias y en las de la comunidad internacional el fragor de los miles de disparos, granadas antitanques y tiros de gracia que el régimen utilizó para asesinar a siete valientes jóvenes venezolanos, que habían expresado claramente su decisión de rendirse y que los criminales del gobierno no quisieron atender durante la deshumanizada masacre de El Junquito.
Pero la vesania gubernamental no quedó allí; posteriormente, con procederes crueles, inauditos e ilegales impuso toda clase de obstáculos, demoras y patrañas para negar a los familiares de las víctimas el derecho inalienable de disponer el velatorio y la inhumación de los cuerpos de sus deudos. Con esta actitud el régimen pretendía ocultar con un velo falaz la horrenda realidad del crimen cometido; vano esfuerzo, pues los venezolanos y el mundo entero ahora conocen incontrovertiblemente el primitivo y desalmado lado oscuro que acompaña e inspira a los que mal gobiernan el país.
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