Lo que paga y en ocasiones lo que deja de pagar un consumidor o un ciudadano dice más, bajo ciertas situaciones extremas, sobre su capacidad a pagar que sobre la valoración que posee por bienes y servicios. Lo anterior no significa que el sistema de precios deje de ser un sistema de información potente y potencialmente eficiente, sino que está mostrando una situación social subyacente, terrible y ajena a este en sí mismo. El socialismo del siglo XXI se ha caracterizado por trasladar sus problemas financieros producto de políticas efectistas vía gasto público hacia el ciudadano y su poder de compra a través de la inflación y la destrucción de la credibilidad del signo monetario. Pero también por el sistemático ataque a instituciones de incentivo a la producción, la inversión, los esfuerzos y la creación de riqueza y bienestar como son los derechos de propiedad ampliamente entendidos. Venezuela se ha transformado en una sociedad depauperada donde el referente salarial oficial ronda los dos o tres dólares mensuales. En una sociedad con esta característica la protección al consumidor se enfrenta a retos enormes porque, por ejemplo, en materia de control de precios ya existiría una restricción sobre la formación de precios brutal producto de la pobreza.
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