El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su gobierno han arruinado a su país. Si bien dicen ser redentores de los pobres y proclaman su voluntad para luchar por su “abnegada” causa bolivariana, rechazan la asistencia internacional y obligan a los venezolanos a sufrir o a emigrar (y, en muchos casos, a morir) como consecuencia de una enorme escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos.
Urge ponerle un freno a la destrucción de Venezuela si se pretende restablecer su viabilidad como Estado y sociedad. Eso exige un nuevo gobierno de legitimidad incuestionable, elegido en elecciones presidenciales libres y justas antes de que termine este año, según lo fija la Constitución. Sin duda, Maduro y sus socios no dimitirán así como así, ya que perder el poder probablemente significaría largos períodos en prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas o en La Haya por delitos de lesa humanidad. Estas acusaciones han sido corroboradas por fiscales estadounidenses, la Organización de Estados Americanos y sus expertos independientes, y por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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