Las consecuencias no intencionadas de las sanciones económicas; por Michael Penfold

Las sanciones económicas recientemente anunciadas por la Casa Blanca hacia Venezuela implican un profundo cambio en la política exterior de los Estados Unidos. Hasta hace poco esta política estuvo centrada en la utilización de sanciones individualizadas a funcionarios gubernamentales orientadas a restaurar la democracia en el país y condenar la violación de derechos humanos –conjuntamente con un aumento multilateral de la presión internacional–, y comienza ahora a mostrar una estrategia orientada a utilizar restricciones financieras y potencialmente comerciales que buscan limitar la capacidad del gobierno de adquirir nuevos endeudamientos o de vender activos a través de inversionistas internacionales en el mercado norteamericano.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ya había anunciado días antes en la comunidad de El Doral en Florida el objetivo de este cambio de política exterior, al señalar que los Estados Unidos estaba plenamente comprometido a utilizar “todas las medidas económicas y diplomáticas disponibles hasta que la democracia en Venezuela fuese completamente restaurada”. Sin embargo, la utilización de sanciones económicas no necesariamente garantiza el cumplimento de este objetivo. Aplicar sanciones de este tipo puede más bien terminar ayudando de una forma no intencionada al gobierno en Caracas, sobre todo pues ya antes de la publicación de las mismas, Venezuela vivía en un ambiente económico y financiero marcado por las mismas consecuencias que buscan ocasionar este tipo de acciones gracias a la incompetencia y la corrupción de la política económica actual del gobierno venezolano. Es un hecho que sin las sanciones recientes, Venezuela ya estaba económicamente aislada y en ruinas y sin acceso a los mercados internacionales de capitales.

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