Este trabajo parte de las conclusiones de un análisis publicado acá en Prodavinci sobre las implicaciones que tiene la aprobación del presupuesto 2018 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En ese sentido merece la pena enumerar algunas de las premisas que emanan del trabajo de José Ignacio Hernández y que son relevantes para profundizar sobre los efectos penales de tal aprobación:
- Según la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sólo la Asamblea Nacional (AN) puede aprobar las leyes de presupuesto y de endeudamiento.
- Sin la aprobación de la AN las operaciones de gasto y endeudamiento público son nulas.
- La ANC es un órgano de facto e ilegítimo, cuyos actos carecen de legitimidad y en todo caso no puede ejercer las funciones de la AN.
- Si la ANC aprueba el presupuesto 2018, ningún operador económico podrá alegar que actuó de buena fe al contratar con el Estado con base en ese presupuesto.
- Toda deuda autorizada por la ANC podría ser considerada como odiosa, lo que eleva los riesgos de que sea desconocida, incluso, por tribunales extranjeros.
- Lo anterior puede dificultar una reestructuración actual de la deuda pública venezolana, al eludir los controles legales que dependen de la AN.
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