General Carlos Peñaloza/ND
13 Abril, 2011
****Illaramendi, el “chinito” del Fondo de Pensiones, es sólo un técnico en el vasto y basto saqueo al Fondo de Pensiones, perpetrado por jerarcas que usando coartadas políticas han engatusado hasta al propio presidente de la República.Francisco Illaramendi el estafador del Fondo de Pensiones de PDVSA, no pudo haber hecho su indigno trabajo íngrimo y solo, ni sus crímenes se limitaron a desvalijar a los trabajadores de la petrolera. Su asesoría profesional no se confinó a sugerencias sobre la manera de invertir el dinero del fondo de pensiones, sino que se extendió a otras áreas en el Banco Central, Ministerio de Finanzas y la tesorería de PDVSA, donde colosales cantidades de dinero se mueven sin control. Durante varios años este paraíso de bribones de cuello rojo generó fortunas inmensas.
Illaramendi es uno de los autores materiales e intelectuales del desaguisado, pero es un pez pequeño. Su aporte fue el conocimiento operativo que tenia de Wall Street. Pero no es el padre de la idea. Alguien muy poderoso lo descubrió, lo trajo y lo utilizó. Ese descubridor tiene que ser alguien de muy alto nivel y debió contar con la complicidad de sus pares, pues de otro modo lo hubieran descubierto y denunciado. Hubo una asociación para delinquir en grande.
Una manipulación tan sofisticada, de tal magnitud, tan evidente y realizada durante tanto tiempo requería el apoyo de jefes importantes. De gente que ingresó a PDVSA durante el tsunami del 2002, año a partir del cual una horda de aventureros se abalanzó sobre PDVSA para expoliarla.
La saga de Illaramendi es típica de una era de irresponsabilidad. Meteóricamente pasó de actor de reparto en Wall Street a poderoso testaferro de caciques políticos que utilizan a PDVSA como su caja chica personal. Su hazaña se inicia luego de hacerse amigo de José Rojas Ramírez, un joven estadístico alumno de Jorge Giordani y cercano a Rafael Ramírez.
No está claro de dónde vino la iniciativa para montar el monumental fraude. Es posible que algún corrupto político chavista haya dado a Rojas la orden de contactar a Illaramendi, invocando necesidades de la industria. También pudo ser que el yuppie copeyano hiciera motu proprio la propuesta indecente que embelesó a los jerarcas rojos rojitos. Tal vez nunca lo sabremos. Lo que sí está a la vista es que la Fiscalía no averigüa, el TSJ no conoce estos casos, la AN no los discute.
En este juego de grandes ligas los venezolanos tienen el refuerzo de importados cubanos y colombianos, expertos en triangulación financiera y lavado de capitales. El gran mérito de Illaramendi fue poner a trabajar a Wall Street con los cubanos y las FARC. El papel de los venezolanos fue circunstancial, limitándose a cobrar sus comisiones. El lomito se lo llevaron a otras partes.
La base de la operación fue usar para negocios de esta mafia los recursos producidos por la renta petrolera que no van al Banco Central porque se destinan a operaciones encubiertas. Son los colosales fondos secretos usados discrecionalmente por el Presidente. Alguien convenció a Chávez de que así tendría a mano grandes recursos con los cuales ejecutar sus operaciones políticas internacionales. Esos fondos nadie sabe dónde están depositados, nadie rinde cuentas de ellos y nadie las controla, salvo tal vez Fidel Castro. Este dinero pestilente controlado por una tenebrosa mafia cruza fronteras y se lava sin mayores problemas en los principales centros financieros del planeta. Dentro de esta descomunal centrífuga financiera de carácter mundial, el saqueo de los fondos de pensiones es un pecadillo venial y se arregla devolviendo los ahorros a los jubilados. Todo eso es demasiado complicado para Chávez, quien sólo ve la posibilidad de tener dinero a manos llenas para satisfacer su enfermiza prodigalidad. Estamos hablando de montos superiores al dinero asignado al gasto público a través del presupuesto nacional. La mayor parte de ese dinero se evapora sin dejar huella.
Al Presidente de la República se le debe prohibir el escandaloso uso discrecional de los recursos que no pasen por las cuentas del Presupuesto Nacional, y exigírsele rendir cuentas de todas las operaciones realizadas con esos fondos a partir de 1999. Es justicia
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