La asamblea nacional constituyente asume ilegalmente funciones de gobierno y usurpa las competencias del Ejecutivo, la Asamblea Nacional y hasta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Analistas advierten que el órgano, presidido por Delcy Rodríguez, cuya legitimidad cuestionan, se aleja de su atribución de crear una nueva carta magna.
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