Miguel Henrique Otero
Ocurre a diario en decenas de ciudades de todo el país: un uniformado con casco o enmascarado, miembro de la Policía Nacional Bolivariana o de la Guardia Nacional Bolivariana, levanta su arma, apunta y dispara. En fotografías y videos es evidente la saña con la que actúan. No solo están entrenados para hacer daño. La impresión que causan es que actúan como si los ciudadanos que protestan fuesen sus más temibles enemigos.
Golpean, asfixian, hieren y matan. No se trata de accidentes. Lo que estamos viendo es una política destinada a causar el mayor castigo físico posible, hasta el extremo de asesinar, a quienes protesten. El régimen quiere, literalmente, matar la protesta. La orden dictada es parar las protestas haciendo uso de las armas. Impedir, por ejemplo, que quienes protestan entreguen un documento en la Defensoría del Pueblo.
Se mata, además, bajo la estrategia de una acción combinada con los grupos paramilitares, con los colectivos. Los videos, pero también los relatos de testigos, son estremecedores: ataques de motorizados y francotiradores que ocurren en coordinación y bajo la protección de los uniformados. Los hechos nos colocan ante una todavía más escandalosa posibilidad: que Vladimir Padrino López sea, además, el jefe operativo de los colectivos. Que, en su condición de jefe de operaciones de la FANB, tenga entre sus responsabilidades la de guiar la participación de bandas de delincuentes en la represión de marchas que son constitucionales y pacíficas.
Escucho la pregunta en todas partes: ¿Cómo es posible que haya venezolanos reprimiendo de forma tan salvaje a otros venezolanos que salen a las calles a reclamar sus derechos, como, por ejemplo, el derecho de votar?
El lector debe recapitular algunos hechos que son públicos: el régimen de Chávez y Maduro solo tiene una política pública: la del gasto militar sin controles. No hay exageración en la denuncia que muchos han hecho: en el país sin alimentos ni medicamentos, cada vez se compran más armas. Esta no es una comparación oportunista y retórica. Es la realidad. Esos recursos son los que vemos desplegarse ante los ciudadanos demócratas. Se usan los dineros públicos para matar a los ciudadanos, a los contribuyentes. Milicias, paramilitares, ejercicios militares en los que participan civiles, involucramiento de bandas de delincuentes en ataques a los civiles, detenciones, torturas, violaciones de los derechos humanos: todas son piezas de una política militar cuya principal doctrina consiste en reprimir, en quitar la vida a quienes protesten. Una de las cuestiones, la más urgente, es la siguiente: ¿Hasta cuándo? ¿Van a seguir matando a venezolanos por exigir elecciones?
He tenido la oportunidad de conversar con profesionales que están estudiando las semejanzas y diferencias entre los cuerpos uniformados de varias dictaduras, incluyendo las más emblemáticas del siglo XX, con los uniformados venezolanos. Una conclusión nos compete: en todos los casos, los grupos que recibieron como parte de su formación ideología de distinto contenido siempre actuaron de forma más despiadada. Muy pronto tendremos noticias sobre el modo en que varios miles de miembros de la GNB han sido aleccionados en contra de quienes protestan.
Las personas se preguntan: ¿Quién o quiénes dan la orden de reprimir? Las hipótesis son variadas: que es el mismísimo nudo de Maduro y Flores. Otros apuntan a Cabello y El Aissami. Otra explicación, bastante repetida por cierto, apunta a que las decisiones militares no se toman en Venezuela sino en La Habana.
Todas las anteriores son posibilidades, cada una con sus pros y contras. Con sus lógicas. Lo que no es especulación es lo que arrojan los estudios de las cadenas de mando. A ello están abocados los analistas: a seguir la pista ascendente que va desde el hombre que dispara y mata, hasta la cabeza de la organización de la que es parte. Y en todos los casos, el resultado es inequívoco: todo termina en las decisiones de Vladimir Padrino López.
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