La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, honró su cargo. En el balance que ofreció este miércoles, reconoció 55 muertos (52 civiles y 3 funcionarios policiales o militares) y más de 1.000 heridos (761 son manifestantes) en las siete semanas de protestas contra Nicolás, advirtiendo el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y la operación de grupos civiles armados, contra los que el Ministerio Público adelanta al menos 16 investigaciones. Profundizó en el caso del estudiante Juan Pernalete y mostró una réplica de la bomba lacrimógena que lo mató, asegurando que conocen al grupo de la Guardia Nacional que ejecutó el disparo, aunque aún no hayan individualizado la acción, desmintiendo la tesis que inventó el ministro Ernesto Villegas y que todos los medios del Estado se encargaron de divulgar como concluyente. Reiteró que el disparo de una lacrimógena directo al cuerpo es además de ilegal, letal.
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