ANTONIO MARIA DELGADO
adelgado@elnuevoherald.com
La política de expropiaciones del gobierno venezolano ha demostrado ser una fórmula segura para la quiebra, con la mayoría de las empresas intervenidas pasando de la rentabilidad a la insolvencia y requiriendo de abultados subsidios del Estado para mantenerse a flote.
Expertos consultados por El Nuevo Herald dijeron que la ola de expropiaciones emprendidas por el gobierno solo ha servido para acentuar las presiones inflacionarias y la escasez de productos dentro del país petrolero, con cientos de empresas intervenidas mostrando grandes fallas en sus operaciones e incapacidad de cumplir con las metas fijadas por el gobierno.
Todo esto apunta a que el Estado venezolano, como empresario, es un fracaso.
“No hay un solo ejemplo del Estado como promotor de algún tipo actividad que genere bienes y activos para la sociedad que haya cumplido de manera satisfactoria”, comentó Felipe Benites, director del Observatorio del Derecho a la Propiedad.
La incursión del Estado en actividades del sector privado suele ser mala incluso en países donde el sector público muestra cierto nivel de eficiencia en la prestación de servicios que le son naturales, como la educación y la seguridad pública, añadió.
“Pero este es un estado que ni siquiera puede garantizar esa función, y mucho menos podemos esperar que vaya a poder cumplir de manera satisfactoria la condición de empresario, sin ningún tipo de experiencia, sin cuadros gerenciales y sin orientarse con lo que orienta todo buen empresario, que es el lucro”, sostuvo.
Según cifras del observatorio, Venezuela ha registrado 2,179 casos de confiscaciones de activos e invasiones de propiedades --ejecutadas directamente por el ejecutivo o propiciadas indirectamente por la retórica revolucionaria del presidente Hugo Chávez-- desde que el gobierno comenzó a asumir su condición de socialista en el 2005.
Chávez argumenta que las expropiaciones --calificadas de confiscaciones ilegales por los empresarios-- son necesarias para combatir la pobreza, cuya causa él atribuye a la avaricia de una burguesía que emplea su control de los medios de producción para explotar al grueso de la población.
Pero la evidencia recogida hasta ahora es que la política de expropiaciones solo ha servido para mermar la producción de bienes y servicios, y con ello acentuar la pobreza dentro del país sudamericano.
Un estudio presentado esta semana por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) concluyó que las empresas que han sido expropiadas se han convertido en organizaciones “improductivas” e “ineficientes” que presentan serios problemas de sustentabilidad y de solvencia.
“Encontramos serias deficiencias en las operaciones de estas empresas”, dijo Richard Obuchi, el profesor del IESA que coordinó el estudio Gestión en rojo: Evaluación de Desempeño de 16 Empresas Estatales y Resultados Generales del Modelo Productivo Socialista.
“Muchas de ellas sólo están operando a una fracción de su capacidad instalada y dependen del subsidio estatal para seguir operando”, enfatizó Obuchi.
Los autores estudiaron la evolución de algunas de las más notorias expropiaciones realizadas en los últimos años en el sector de alimentos, incluyendo cafetaleras, centrales azucareras, procesadoras de arroz y cítricos, y encontró grandes problemas de operación y en algunos casos hasta paralización
Expertos consultados por El Nuevo Herald dijeron que la ola de expropiaciones emprendidas por el gobierno solo ha servido para acentuar las presiones inflacionarias y la escasez de productos dentro del país petrolero, con cientos de empresas intervenidas mostrando grandes fallas en sus operaciones e incapacidad de cumplir con las metas fijadas por el gobierno.
Todo esto apunta a que el Estado venezolano, como empresario, es un fracaso.
“No hay un solo ejemplo del Estado como promotor de algún tipo actividad que genere bienes y activos para la sociedad que haya cumplido de manera satisfactoria”, comentó Felipe Benites, director del Observatorio del Derecho a la Propiedad.
La incursión del Estado en actividades del sector privado suele ser mala incluso en países donde el sector público muestra cierto nivel de eficiencia en la prestación de servicios que le son naturales, como la educación y la seguridad pública, añadió.
“Pero este es un estado que ni siquiera puede garantizar esa función, y mucho menos podemos esperar que vaya a poder cumplir de manera satisfactoria la condición de empresario, sin ningún tipo de experiencia, sin cuadros gerenciales y sin orientarse con lo que orienta todo buen empresario, que es el lucro”, sostuvo.
Según cifras del observatorio, Venezuela ha registrado 2,179 casos de confiscaciones de activos e invasiones de propiedades --ejecutadas directamente por el ejecutivo o propiciadas indirectamente por la retórica revolucionaria del presidente Hugo Chávez-- desde que el gobierno comenzó a asumir su condición de socialista en el 2005.
Chávez argumenta que las expropiaciones --calificadas de confiscaciones ilegales por los empresarios-- son necesarias para combatir la pobreza, cuya causa él atribuye a la avaricia de una burguesía que emplea su control de los medios de producción para explotar al grueso de la población.
Pero la evidencia recogida hasta ahora es que la política de expropiaciones solo ha servido para mermar la producción de bienes y servicios, y con ello acentuar la pobreza dentro del país sudamericano.
Un estudio presentado esta semana por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) concluyó que las empresas que han sido expropiadas se han convertido en organizaciones “improductivas” e “ineficientes” que presentan serios problemas de sustentabilidad y de solvencia.
“Encontramos serias deficiencias en las operaciones de estas empresas”, dijo Richard Obuchi, el profesor del IESA que coordinó el estudio Gestión en rojo: Evaluación de Desempeño de 16 Empresas Estatales y Resultados Generales del Modelo Productivo Socialista.
“Muchas de ellas sólo están operando a una fracción de su capacidad instalada y dependen del subsidio estatal para seguir operando”, enfatizó Obuchi.
Los autores estudiaron la evolución de algunas de las más notorias expropiaciones realizadas en los últimos años en el sector de alimentos, incluyendo cafetaleras, centrales azucareras, procesadoras de arroz y cítricos, y encontró grandes problemas de operación y en algunos casos hasta paralización
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