Ismael Pérez Virgil
Es pedir peras al olmo pretender que el Gobierno de Maduro reconozca que el régimen ha fracasado en su gestión y que el BCV publique las cifras que así lo corroboran. Le resulta más fácil culpar de desatar una supuesta guerra económica —una de cuyas armas es el “bachaqueo”— al imperio norteamericano, al Gobierno de Colombia, a paramilitares de ese país o a los apátridas empresarios nacionales.
Y esa es la estrategia que viene siguiendo, combinada con represión y persecución a sus enemigos políticos, buscando la inmovilización de la oposición y la atemorización de los ciudadanos para que se alejen del proceso electoral. En otros momentos electorales contó con recursos para derrochar y comprar votos, pero mermado el ingreso petrolero, la intimidación es la mejor de sus armas, según aquella máxima de Maquiavelo que para el gobernante es mejor ser temido que ser amado.
Ahora bien, para algunos esta argumentación conduce a pensar que la estrategia final del Gobierno es jugar al caos, provocando a la población para que reaccione ante los abusos, se manifieste airadamente y así tener una excusa para decretar un estado de excepción nacional y suspender el proceso electoral, o atrasarlo hasta un momento que le resulte más conveniente. No creo que este sea el caso.
El régimen chavista, o el socialismo del siglo XXI, se ha legitimado con base en procesos electorales, en las grandes movilizaciones que estos procesos producen e incluso ha llegado a aceptar algunas derrotas totales o parciales —referendo constitucional, perdida de gobernaciones o alcaldías importantes— con tal de mantener esta fuente de legitimación, la electoral, en lo interno e internacionalmente y mantenerse en el poder y así utilizar a discreción todos sus recursos e ingresos.
Por supuesto que parte de esa estrategia, avalada y bendecida por el CNE, será la de impedir la observación electoral nacional e internacional, que les de mano libre para los abusos y el fraude que suelen cometer manteniendo los centros electorales abiertos fuera de la hora establecida en la ley y utilizando los recursos del estado para movilizar a sus votantes, mientras atemorizan a los votantes y testigos de la oposición.
Pero en cuanto a los resultados, no será la primera vez que el Gobierno salga derrotado en un proceso electoral o que no cuente con una amplia mayoría en la Asamblea Nacional; recordemos que el Congreso surgido de las elecciones de 1998 le fue numéricamente adverso al novel régimen y pudo neutralizarlo e incluso deshacerse de él, mediante la Asamblea Constituyente.
Sin embargo, hemos de reconocer que ahora el régimen se enfrenta a algunas “novedades” a las que nunca se enfrentó y que pueden alterar los resultados finales; la primera, la de no contar con un líder carismático como Hugo Chávez, para capear el temporal; la segunda, la posibilidad anticipada, antes de que ocurra, de ser derrotado en un proceso electoral; y la tercera, la de no contar con ingresos petroleros para tratar de aumentar su votación. El impacto de estos factores en el Gobierno se nota en la estrategia extremadamente sesgada de violencia verbal, intimidación y represión.
El capitulo actual con Colombia, el estado de excepción fronterizo, las deportaciones, etc. no creo que sean una equivocación estratégica de alguna de sus salas situacionales; más bien creo que es un movimiento bien pensado y calculado, es una especie de “brote” populista, que busca dos cosas: Una, amalgamar internamente frente a un “agresor” o enemigo externo —el “bachaqueo” de los ilegales colombianos, los paramilitares o el propio Gobierno de Colombia— que no resultó con Guyana, pues el “punto focal” del conflicto limítrofe era, popular y electoralmente hablando, menos sensible; y la segunda cosa que busca es generar “simpatía” popular que le dé votos, —“…finalmente el Gobierno hace algo con los ilegales que nos quitan trabajo, comida, medicinas, etc.…”— al responsabilizar del crítico desabastecimiento en la frontera a los “ilegales” colombianos, exacerbando de paso sentimientos xenofóbicos en la clase media y población de menores ingresos —que son su “blanco” electoral— y con un ingrediente adicional, acosar, controlar e intimidar en un espacio geográfico, numéricamente significativo y que le es —de acuerdo con todas las encuestas y datos— eminentemente hostil, desde el punto de vista electoral. ¿Resultará esta arriesgada “estrategia”? Eso es algo que aún está por verse.
Frente a esto, ¿Qué puede hacer la oposición?
Desde el punto de vista político, la mejor respuesta es la que hasta ahora ha brindado: La unidad, por más que se hayan presentado algunas disidencias, que no creo que afecten el resultado final, dada la alta polarización. Sería un error caer en la trampa del Gobierno y responder airadamente a los innegables abusos de poder y provocaciones. La opción de la oposición social o de la sociedad civil, la única que tiene, es no dejarse intimidar ni desmoralizar y acudir masivamente a las urnas, partiendo de la base de que la abstención no es una opción válida, nunca lo fue, y en todo caso debe procurar que sus números le favorezcan; es decir, que los que se abstengan, con sobradas razones, sean los partidarios descontentos del régimen y esos independientes pro régimen que siempre lo han beneficiado.
La opción de la oposición política o partidista es la misma que durante años uso el régimen: Ir rebanando el poder, poco a poco, pedazo a pedazo. Hoy la Asamblea, mañana alcaldías y gobernaciones y por último la presidencia. En lo inmediato, eso sí, debe ser más eficiente en la organización de los testigos del proceso electoral, el día de las votaciones y escrutinios, para evitar que los abusos que desplegara el Gobierno, con la complicidad del CNE, le resten votos. Pero en el largo o mediano plazo debe demostrar con esas cuotas de poder que se vayan tomando, que se está en capacidad de gobernar y llevar adelante acciones para salir del caos en el que nos ha sumido el socialismo del siglo XXI.
Desde el punto de vista económico, los sectores empresariales tienen que poner su cuota en esta resistencia, sorda, al régimen, demostrando y haciendo aquello que mejor saben hacer: producir y generar riqueza y empleo; y cuando se vean impedidos o dificultados de hacerlo, denunciando que su quehacer se ve entorpecido por las malas políticas del Gobierno, por las condiciones de inseguridad jurídica y personal y por la falta de recursos, que les niega el Gobierno, que son los factores que les impiden hacer las cosas de mejor manera.
Frente al proceso electoral del 6D, nadie se puede cruzar de brazos.
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