Jesús Ollarves
No es la primera vez que funcionarios de los cuerpos de seguridad son atacados en la frontera con Colombia. De hecho, en los estados Apure y Táchira los ataques forman parte de la cotidianidad de los agentes encargados del resguardo de nuestra soberanía nacional. Sin embargo, uno de los más graves fue el ejecutado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia contra el puesto fluvial de la Armada de Venezuela sobre el río Meta, en Cararabo, estado Apure, la noche de aquel domingo 26 de febrero de 1995. El saldo: ocho infantes de marina muertos, cuatro heridos y tres desaparecidos. Entre otros detalles del ensañamiento sobresale que cada víctima recibió entre trece y diecisiete impactos de bala; las gargantas de algunos habían cortadas para sacarles la lengua y dejarla colgando como dantescas corbatas; a dos cadáveres les hicieron cortes en canal, como si fueran reses; y a otros les cercenaron los genitales y se los atapuzaron en la boca.
Aparentemente el objetivo del ataque en Cararabo era el apoderamiento del equipamiento bélico. Los irregulares se llevaron dos lanchas, las armas (FAL, FAP, AFAG, morteros, granadas para fusil y de mano, visores nocturnos, lanzacohetes), municiones, alimentos y medicinas. Además, desde el punto de vista estratégico el objetivo era destruir el punto de control de la Armada de Venezuela, que limitaba o impedía el tránsito de la gasolina destinada a la refinación de pasta de coca para la producción de cocaína por sobre 90% de pureza.
A pesar de la gravedad de estos hechos el Ejecutivo no optó por decretar una medida tan extrema como un estado de excepción. Ahora, por el ataque de personas que no han sido irrefutablemente identificadas a una comisión militar, con un saldo de dos heridos, el presidente Nicolás Maduro se apresura a cerrar la frontera y a restringir garantías constitucionales en los municipios fronterizos de Táchira.
La crisis política y económica del país en la víspera de unas elecciones parlamentarias que pueden significar el principio del fin del chavismo fundamenta las suspicacias. El decreto de un estado de excepción parece desproporcionado y motivado por razones inconfesables. Lo que sí se justifica es la alerta de todos los venezolanos y de la comunidad internacional ante los eventuales abusos y violaciones de derechos humanos que suelen cometerse durante la ejecución de este tipo de medidas.
Todo indica que se trata de un estado de excepción artificioso y artificial. Las razones aducidas por el gobierno ponen al descubierto la andanada de mentiras que revelan la incapacidad para detener los problemas estructurales en la frontera con Colombia que, valga destacarlo, difícilmente se resolverán con un operativo al estilo Operación de Liberación del Pueblo.
Un decreto de estado de excepción se dicta cuando el Estado está ante circunstancias excepcionales y las facultades del presidente de la República son insuficientes para resolverlas, lo cual no es el caso de Nicolás Maduro, que ha tenido durante su mandato leyes habilitantes, una mayoría ejercida hegemónicamente en la Asamblea Nacional y el control absoluto del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público.
Por otro lado, nos preguntamos si el tema del contrabando de extracción y el bachaqueo verdaderamente justifican un estado de excepción; sobre todo cuando el gobierno ha promocionado recurrentemente el proyecto de economía e inteligencia comunales. Nos preguntamos sobre la eficacia del cierre nocturno de la frontera acordado hace dos años. El gobierno guarda silencio, como si fuera la primera vez que intenta, manu militari, someter a los pobladores de la zona.
En materia de derechos humanos, el gobierno debe muchas explicaciones: las restricciones a los derechos políticos, la represión brutal de las protestas, las inhabilitaciones exprés, la infeliz resolución 008610, que establece las normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones. Todos estos atropellos se han ejecutado en el contexto de un Estado constitucional. Es preocupante imaginar lo que puede ocurrir durante la vigencia de un decreto de estado de excepción.
Presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con lo previsto en nuestra carta magna, usted está facultado para dictar un decreto de estado de excepción en el estado Táchira, pero también está obligado a efectuar la notificación correspondiente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a los Estados parte del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, a fin de que estén debidamente informados de todas las circunstancias relacionadas con la ejecución de dicho decreto de estado de excepción y puedan, en su caso, intervenir a favor de la protección de los derechos humanos que puedan violarse durante su ejecución.
Presidente Nicolás Maduro, aunque usted lo niegue, cada vez más los venezolanos y la comunidad internacional lo estamos vigilando y le exigiremos que rinda cuentas por cada una de sus actuaciones.
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