Suspender elecciones, encarcelar diputados y retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos son tres de las medidas que puede tomar el presidente Nicolás Maduro, luego de recibir facultades especiales de acuerdo con la sentencia 155 del Tribunal Supremo de Justicia.
“Esta no es una sentencia cualquiera”, aseguró el politólogo Luis Salamaca, quien afirmó que los poderes especiales entregados por el Poder Judicial “marcan un punto de inflexión hacia el proceso de la deriva constitucional”.
Señaló que el dictamen le otorga un poder total para “prácticamente manejar todo sin ningún tipo de respeto a las normas establecidas en la carta magna”.
Salamanca afirmó que la actuación del TSJ representa el retroceso para el país porque lleva a toda la nación al tiempo en el que el mundo era dominado por monarquías que administraban los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Advirtió que el gobierno pudiera estar preparando un escenario para evitar las elecciones presidenciales de 2018. “Puede estarse gestando una gran maniobra para decretar el estado de conmoción y evadir la elección presidencial a tan solo año y medio de que ocurran”.
El politólogo Ramón Piñango coincide con Salamanca con respecto al asunto comicial: “Las elecciones siempre han estado en riesgo, pero ahora más que no las pueden ganar. También hay que recordar que ellos tienen un buen récord cumpliendo sus amenazas”.
La sentencia también da carta abierta al gobierno para que aumente la persecución política debido a que los diputados a la AN quedan en un completo estado de indefensión jurídica, ya que pierden su inmunidad parlamentaria por decisión presidencial.
“El riesgo de la suspensión de la inmunidad de los legisladores se pudiera ver reflejado en un aumento de los presos políticos”, advirtió José Antonio Gil Yepes, socio director de Datanálisis.
Al respecto, Gerardo Blyde expresó durante una entrevista al Circuito Éxitos, que se elimina todo proceso legal para ser despojados de su protección legislativa. “Pueden ser privados de libertad sin necesidad de pasar por los trámites de allanamiento a la inmunidad parlamentaria y del antejuicio de mérito, sacando al Ministerio Público, metiendo a la jurisdicción militar y sin inmunidad, pueden ser detenidos por el delito de traición a la patria”, explicó el alcalde de Baruta.
Sobre la salida de Venezuela del órgano hemisférico, Blyde no descartó que el gobierno esté preparando el terreno para que Venezuela se retire de la Organización de Estados Americanos. “Maduro arregló con el TSJ para salirse de la OEA”. Dijo que el proceso es más complejo de lo que parece debido a que la OEA tiene sus propios lapsos y la salida pudiera tardar hasta dos años.
Desde la junta directiva de la Asamblea Nacional confirmaron que los diputados actuarán contra la sentencia 155 en la jurisdicción interna para dejar testimonio del atropello cometido contra la inmunidad parlamentaria. Acotaron que también llevarán el fallo a la Unión Interparlamentaria, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a las delegaciones diplomáticas apostadas en el país.
En un comunicado de 9 puntos la MUD condenó categóricamente la actuación del máximo tribunal porque viola flagrantemente la Constitución. “Este gobierno agoniza y por eso recurre a este tipo de medidas desesperadas. Eso explica que, mediante esta aberración jurídica, la Sala Constitucional inste al presidente a revisar leyes de contenido penal e incluso militar bajo la figura del estado de excepción por conmoción interna, para arremeter con más frontalidad y descaro contra la Asamblea Nacional elegida por el pueblo y el liderazgo de la Unidad”.
Gil Yepes también advirtió que la sentencia es una estrategia del gobierno para hacer creer que el Estado obedece las órdenes del Poder Judicial. “Eso es simplemente un trabajo de imagen y no es sustantivo de que en Venezuela exista separación de poderes”.
“Diputados deben pedir protección a la CIDH”
Maru Morales P.
El abogado constitucionalista, José Vicente Haro, considera que el planteamiento contenido en la sentencia 155 de la Sala Constitucional, que pretende eliminar la inmunidad de los diputados, constituye delito. “En mi opinión, la vía interna tienen que agotarla en el MP, haciendo la denuncia correspondiente porque lo que hicieron los magistrados es un delito. Una vez obtenido el acuse de recibo del MP, ellos podrán acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas de protección para su libertad personal, su vida y para el ejercicio de sus funciones”. También recomendó elevar el caso ante la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur, el Parlamento Latinoamericano y ante el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU: “De esa forma, a la ONU le quedará claro que en Venezuela entramos en una situación de detenciones selectivas a líderes políticos”.
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