Jose Guerra/Tal Cual
A continuación la columna completa de José Guerra
Gobernadores, reaccionen!
Venezuela está tomando un curso peligroso hacia la recentralización. De la mano del presidente Chávez, para todos los fines prácticos están desapareciendo de facto las competencias que las leyes le establecen a las gobernaciones y alcaldías. Nada más peligroso para una sociedad que permitir que el poder se centralice en una sola mano, por más benevolente que ella sea.
Desafortunadamente, el presidente Chávez no quiere gobernadores, que decidan por ellos mismo, sino especies de comisionados de la presidencia, que es en lo que han degenerado algunos mandatarios regionales, más interesados en obedecer que en responder a los intereses de las comunidades que lo eligieron. Lo único que falta en Venezuela es que los comisarios de los caseríos los escojan en Caracas. Las capitales de estado están perdiendo importancia porque es en Caracas donde se concentra todo el poder y al hacerlo de forma excesiva ello impide el desarrollo regional, consigna que motorizó parte de los cambios políticos que el país venía reclamando desde los años ochenta. Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maracay, Barcelona, San Cristóbal, entre otras, serán parias de Caracas.
Prevista en la Constitución vigente, la Ley de Hacienda Pública Estadal ésta se ha quedado en el papel con lo cual se ha privado a las regiones de fuentes de recursos financieros con los cuales encarar su desarrollo. Pero tal vez la estocada mortal a las gobernaciones se la dieron con las últimas decisiones que ha adoptado el Gobierno en materia fiscal.
Seguidamente se describe la expoliación de la cual están siendo víctimas las gobernaciones en Venezuela sin que los gobernadores reaccionen y hagan vales sus derechos en defensa de lo establecido en la Carta Magna. Al privarse a las entidades regionales de recursos se les inutiliza al cercenárseles sus capacidades de ejecutar planes y proyectos en beneficio de sus comunidades y tiene entonces que depender de Caracas para que aprueben los fondos requeridos. Quien tiene el dinero del presupuesto y quien dispone de los recursos manipula el poder.
Son víctimas las gobernaciones de literal saqueo mediante tres argucias fiscales. En primer lugar, la Ley de Presupuesto de 2011 contempló una tasa de cambio de Bs 2,60 por US$. Ello fue una de las premisas de cálculo para que las divisas petroleras se trasformen en moneda nacional. Al devaluarse el bolívar, a Bs 4,30 por US$, los ingresos fiscales, manteniendo los mismo supuestos de exportaciones petroleras y regalía, deberían aumentar en una proporción similar a la devaluación lo que implicaría, aplicando el artículo 167 numeral 4 de la Constitución, mayores ingresos por concepto de situado constitucional, la única fuente de ingresos importante que reciben los estados en Venezuela.
La mayor cantidad de bolívares generados por la devaluación fueron considerados ingresos extraordinarios por el Gobierno y por tanto no se generan ingresos ordinarios ni situado a favor de las gobernaciones. En segundo lugar, en la Ley de Presupuesto de este año, se estableció de manera artificialmente bajo, el precio del petróleo en US$ 40 por barril. ¿Para qué? Para que el Gobierno se apropie del excedente sobre ese precio. ¿Cómo? Mediante una decisión oficial que establece que ese excedente también forma parte de los ingresos extraordinarios, que al igual que en el caso anteriormente descrito, tampoco genera el situado constitucional que debería ir a las gobernaciones y alcaldías. Vale recordar que el situado es un porcentaje fijo de 20% de los ingresos ordinarios y éstos son los que de forma regular recibe el fisco nacional tanto por ingresos petroleros como no petroleros.
Los proventos extras generados por los dos conceptos anteriormente explicados se depositan en uno de esos fondos que con nombres exóticos ha creado el Gobierno. En este caso ese fondo se llama Independencia. De esos recursos las gobernaciones no van a recibir un céntimo a menos que reclamen firmemente lo que les corresponde.
En tercer lugar está la reforma a la Ley de Ganancia Súbita, redenominada Ley de Contribución Especial. ¿En qué consiste esta reforma? En permitir que todas las divisas que perciba Venezuela por exportaciones petroleras cuando el precio sea mayor que US$ 70 por barril pasan directamente en divisas al Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, engendro financiero, que ha descompuesto las finanzas públicas de Venezuela. ¿Con cuál objetivo? El de quitar a las gobernaciones esos fondos toda vez que al ingresar los recursos al Fonden en moneda extranjera no se genera situado constitucional.
De esta manera ha tendido el Gobierno una especie de tenaza que asfixia a los gobernadores con el objeto de que el presidente Chávez pueda disponer de recursos prácticamente ilimitados para financiar el gasto sin tener que compartir con las entidades regionales los ingresos extras que genera el petróleo. Serán afortunados los gobernadores que reciban especie de auxilio financiero de la mano generosa del presidente para completar el gasto o emprender un proyecto. Con ello se le ha asestado una puñalada por la espalda a las gobernaciones, a los gobernadores y al pueblo que ellos representan. Llegó la hora de luchar por lo que a sus estados les corresponde. Señores gobernadores, tiene la palabra. Reaccionen.
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