DAVID UZCÁTEGUI | EL UNIVERSAL
martes 24 de mayo de 2011 12:50 PM
Una de las más polémicas invenciones del Gobierno es que prácticamente todo el excedente de los precios petroleros pase a ser administrado por el gobierno central.
Este era un riesgo que veíamos en la reciente Ley Habilitante quienes nos oponíamos a ella, cayendo en cuenta de que la Asamblea Nacional abdicaba a su facultad de legislar, colocándola en manos del Poder Ejecutivo, el cual obviamente accionaría en su propio beneficio.
La modificación del artículo 113 contenida en la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela del año 2005, creó el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, que administra el excedente de los ingresos petroleros.
Posteriormente, la modificación de la Ley de Contribución Especial sobre Precios Extraordinarios del Mercado Internacional de Hidrocarburos fue aprobada por el Mandatario nacional en el marco de la última Ley Habilitante. Recordemos que, antes de tal reforma, la normativa establecía que cuando el precio del barril de petróleo superara los 70 dólares, la contribución al Fonden sería del 50% de la diferencia. Cuando la cotización del crudo pasara de 100 dólares, la contribución al Fondo sería de 60%.
Tras la modificación, se estableció que cuando los precios del petróleo se sitúen entre 70 y 90 dólares, el 80% debe ir directamente al Fonden y sube a 90% cuando la cotización del crudo esté entre 90 y 100 dólares por barril, y a 95% cuando el precio sobrepase los 100 dólares.
De esta manera, el voraz gobierno central acapara una gigantesca masa monetaria con fines desconocidos, confiscando así recursos para regiones, deuda social, infraestructura, salud, vivienda, seguridad, educación y tantas otras penurias que padece el pueblo venezolano. Los reales para solucionarlas están allí; pero embargados gracias a una maniobra legal de la tan polémica Ley Habilitante.
Si vemos los propósitos para los cuales -en teoría- fue creado el Fonden, estos recursos han debido dirigirse a educación, salud, a aliviar la deuda pública entre tantas necesidades; pero es la misma ley la que reza que ese dinero será destinado, entre otros propósitos a "situaciones especiales y estratégicas", lo cual deja un margen de interpretación muy amplio, el cual queda totalmente en manos del gobierno central, que no tiene contrapesos que le exijan cuentas de su administración de estos recursos extraordinarios.
Es así como, entre otras cosas, se confiscan recursos a las regiones, necesitadas de este ingreso petrolero para cumplir con compromisos laborales de alcaldías y gobernaciones; así como para hacer las urgentes y postergadas inversiones de infraestructura, seguridad, salud y educación que aligeren las pesadas cargas que padecen los venezolanos en aspectos vitales de su día a día.
La voz y la protesta de los líderes regionales y locales se ha levantado al respecto y se iniciarán las acciones pertinentes a dejar sentado el reclamo justo por la redistribución de esos ingresos petroleros que son de todos los venezolanos, pero que van a una alcancía que administran unos pocos sin rendir cuenta alguna.
El balón queda del lado del Gobierno. Que responda por qué confisca bienestar a todos los venezolanos.
Este era un riesgo que veíamos en la reciente Ley Habilitante quienes nos oponíamos a ella, cayendo en cuenta de que la Asamblea Nacional abdicaba a su facultad de legislar, colocándola en manos del Poder Ejecutivo, el cual obviamente accionaría en su propio beneficio.
La modificación del artículo 113 contenida en la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela del año 2005, creó el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, que administra el excedente de los ingresos petroleros.
Posteriormente, la modificación de la Ley de Contribución Especial sobre Precios Extraordinarios del Mercado Internacional de Hidrocarburos fue aprobada por el Mandatario nacional en el marco de la última Ley Habilitante. Recordemos que, antes de tal reforma, la normativa establecía que cuando el precio del barril de petróleo superara los 70 dólares, la contribución al Fonden sería del 50% de la diferencia. Cuando la cotización del crudo pasara de 100 dólares, la contribución al Fondo sería de 60%.
Tras la modificación, se estableció que cuando los precios del petróleo se sitúen entre 70 y 90 dólares, el 80% debe ir directamente al Fonden y sube a 90% cuando la cotización del crudo esté entre 90 y 100 dólares por barril, y a 95% cuando el precio sobrepase los 100 dólares.
De esta manera, el voraz gobierno central acapara una gigantesca masa monetaria con fines desconocidos, confiscando así recursos para regiones, deuda social, infraestructura, salud, vivienda, seguridad, educación y tantas otras penurias que padece el pueblo venezolano. Los reales para solucionarlas están allí; pero embargados gracias a una maniobra legal de la tan polémica Ley Habilitante.
Si vemos los propósitos para los cuales -en teoría- fue creado el Fonden, estos recursos han debido dirigirse a educación, salud, a aliviar la deuda pública entre tantas necesidades; pero es la misma ley la que reza que ese dinero será destinado, entre otros propósitos a "situaciones especiales y estratégicas", lo cual deja un margen de interpretación muy amplio, el cual queda totalmente en manos del gobierno central, que no tiene contrapesos que le exijan cuentas de su administración de estos recursos extraordinarios.
Es así como, entre otras cosas, se confiscan recursos a las regiones, necesitadas de este ingreso petrolero para cumplir con compromisos laborales de alcaldías y gobernaciones; así como para hacer las urgentes y postergadas inversiones de infraestructura, seguridad, salud y educación que aligeren las pesadas cargas que padecen los venezolanos en aspectos vitales de su día a día.
La voz y la protesta de los líderes regionales y locales se ha levantado al respecto y se iniciarán las acciones pertinentes a dejar sentado el reclamo justo por la redistribución de esos ingresos petroleros que son de todos los venezolanos, pero que van a una alcancía que administran unos pocos sin rendir cuenta alguna.
El balón queda del lado del Gobierno. Que responda por qué confisca bienestar a todos los venezolanos.
No comments:
Post a Comment