La Academia Nacional de Ciencias Económicas se dirige a la Nación

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La Academia Nacional de Ciencias Económicas, en atención a lo dispuesto en el numeral cuarto del Artículo 2 de la Ley que la rige, reunida en sesión del 31 de mayo de 2017, acuerda dirigirse a la Nación para pronunciarse ante los graves signos que presenta la economía venezolana y sus efectos desfavorables sobre las condiciones socio-económicas de la población, así como la falta de propósito por parte del gobierno de revertir las políticas que los causan.

a) Estando por concluir el primer semestre de 2017 es visible el deterioro de la situación económica nacional, profundizándose el cuadro de depresión económica iniciado hace más de tres años. A pesar de que el Banco Central, en contravención de sus obligaciones, no publica cifras recientes sobre el acontecer económico nacional, estimaciones respetables señalan una caída del PIB superior al 10% en 2016. Ello significa una reducción acumulada en el ingreso promedio de cada venezolano en el orden del 30% desde finales de 2013. Tal descalabro evidencia fehacientemente el fracaso en la conducción de los asuntos económicos por parte del gobierno. Pero en vez de rectificar y buscar los consensos requeridos para reactivar la economía, toma decisiones que violan preceptos constitucionales fundamentales, como las referidas a las prerrogativas de la Asamblea Nacional y a los derechos humanos, que agravan el clima de conflictividad y acentúan aún más la postración de las actividades económicas.

b) A la caída del producto se suma, lamentablemente, una inflación desbocada, la más elevada del mundo en los últimos tres años. Ésta es provocada por déficits exorbitantes en la gestión pública, superiores al 15% del PIB durante los últimos cuatro años, que se han financiado con emisión monetaria por parte del BCV. Para este año, se estima que el alza de precios podrá superar el 700%. A quienes más afecta es a los sectores menos favorecidos económicamente.

c) Mantener el actual régimen cambiario agrava, adicionalmente, el estrangulamiento externo de la actividad económica. Desafortunadamente, el gobierno persiste con este esquema, como lo revela el reciente Convenio Cambiario número 38. Aumenta el tipo de cambio flexible complementario, DICOM, a una banda entre 1800-2200 Bs/US$, triplicando su valor previo, pero mantiene un tipo de cambio protegido, DIPRO, a 10 Bs/US$: el nuevo DICOM es ahora 200 veces el DIPRO, siendo ambos precios oficiales. Además, al privilegiar el elevado servicio de la deuda externa, el gobierno se ha visto forzado a restringir el pago de otros compromisos externos, notoriamente las importaciones. Junto con la caída en la producción doméstica, ello ha recrudecido todavía más el desabastecimiento de bienes y servicios, a la vez que alimenta un mercado paralelo en el que la divisa se cotiza a tasas bastante más altas. Éste viene sirviendo cada vez más como marcador para los precios internos, sumando presiones a la inflación e incrementando los incentivos para el arbitraje especulativo, a expensa de las actividades productivas.

d) Ante la creciente penuria de divisas, el gobierno, en vez de corregir sus erradas políticas, ha privilegiado sus necesidades inmediatas, hipotecando o rematando activos públicos a altísimas tasas de descuento. La venta reciente de USD 2.8 millardos en bonos PDVSA 2022 por sólo USD 865 millones evidencia el terrible perjuicio causado a la nación. Esta transacción, además, convierte una deuda intergubernamental (PDVSA-BCV) producto del financiamiento monetario del gasto público, en deuda externa de PDVSA, aumentando la gravosa carga que la ciudadanía venezolana ha de honrar a futuro.

Esta Academia ha venido insistiendo en sus pronunciamientos, en la necesidad de introducir cambios sustanciales en las políticas económicas con el fin de sanear las cuentas públicas, eliminar la emisión de dinero sin respaldo (“inorgánico”), abatir la inflación y crear condiciones para unificar el tipo de cambio en torno a sus valores reales de equilibrio, negociando provechosamente para ello un generoso financiamiento externo que permita su libre adquisición. Junto con el levantamiento de los controles y regulaciones que hoy asfixian a la economía, ello habrá de liberar a las fuerzas productivas, permitiéndoles importar los insumos y equipos requeridos. La altísima capacidad ociosa actual de la producción instalada augura su rápida reactivación, contribuyendo a abastecer en un corto plazo al mercado interno, reducir las necesidades de importación, y proveer empleo creciente, cada vez más productivo y mejor remunerado.

Nuestra corporación desea reiterar, en esta nueva oportunidad, que la grave crisis económica por la cual atraviesa el país en absoluto constituye una fatalidad. Coincidimos con otros economistas altamente calificados en señalar que un programa de reformas como el señalado en los lineamientos antes expresados, en un marco de estabilización macroeconómica, podrá derrotar la inflación y mejorar de manera sostenida el ingreso real del venezolano. Lamentamos que el gobierno haya preferido imponer un ajuste draconiano destinado a generar excedentes para pagar la deuda externa, que ha empobrecido drásticamente a la población y generado graves problemas de salud por escasez de medicamentos y malnutrición.

Los miembros de la ANCE lamentan tener que aceptar que el gobierno prosigue intereses divorciados del bien común representado en la mejora del bienestar de los venezolanos, como explicación de esta negativa a enmendar sus políticas. La presencia de poderosos intereses comprometidos con las oportunidades de lucro ilícito propiciadas por el presente esquema de controles, el secreto y la no rendición de cuentas de la gestión pública dan crédito a esta aseveración. Ello explica, además, la violenta y desproporcionada represión contra las multitudinarias protestas pacíficas de la población reclamando cambios, con un saldo trágico de más de 60 muertos, centenares de heridos y de detenidos, durante los últimos dos meses. Tristemente, en vez de atender este reclamo, el Ejecutivo convoca a una Asamblea Nacional Constituyente que, en opinión de calificados expertos en la materia, desconoce la soberanía popular y viola disposiciones fundamentales de nuestra Carta Magna. Lamentamos tener que señalar que esta iniciativa, en momentos en que la aceptación del gobierno está en su nivel mínimo –como lo atestiguan las encuestas- habrá de agravar irremediablemente la situación de conflictividad que vive el país, contrario a los fines que debe proseguir las prácticas de buen gobierno.

En cumplimiento de su responsabilidad ante la ley y ante el país, la Academia Nacional de Ciencias Económicas se ve obligada a exigir del Ejecutivo Nacional la rectificación de sus políticas, el respeto al orden constitucional aprobado por el pueblo en 1999 y la apertura de un proceso de consulta democrática a la sociedad venezolana para la instrumentación de medidas que aseguren un resultado provechoso para la población venezolana, en términos de bienestar y goce de sus libertades.
Como siempre, el país puede contar con nuestra mejor disposición y franco deseo de coadyuvar, en la medida de nuestras posibilidades, con tan trascendente compromiso.

En Caracas, a los treinta y un días del mes de mayo de 2017,

Humberto García Larralde Sary Levy Carciente
Presidente                             Secretaria

Academia Nacional de Ciencias Económicas. (Mayo, 1980). La corporación tiene como misión contribuir con el desarrollo de las Ciencias Económicas en sus aspectos teóricos y políticos, con especial énfasis en América Latina y Venezuela, a través del impulso a la investigación, de la colaboración en la definición de estrategias para el desarrollo económico y social en los distintos planes de la Nación, de la participación en el diseño y en la elaboración de programas docentes de la instituciones de educación superior, de la proposición de iniciativas legislativas y de la promoción de publicaciones, conferencias y foros científicos y políticos.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas se concibe como una Corporación de alto nivel científico, de carácter público con ámbito nacional, abocada al estudio de la economía en sus aspectos teóricos y políticos. Es una entidad respetuosa de la Ley y de los derechos de la sociedad civil en pro del bien común y del progreso.
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