El anuncio del presidente Nicolás Maduro que planteará a la asamblea nacional constituyente que realice un referéndum para aprobar la nueva Constitución es una respuesta a las acciones de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, señaló el constitucionalista José Ignacio Hernández. El abogado y su colega José Vicente Haro aseguran que un proceso convocado por encima del soberano, después no tomará en cuenta al pueblo.
“Maduro hace la oferta engañosa de un referéndum, que debe ser aprobatorio, y no consultivo como él dijo, que sabemos no se realizará. Será la asamblea constituyente la que decida, pero una asamblea no elegida por el voto popular no promoverá que el pueblo decida si entran en vigor sus disposiciones. La sentencia 378 del TSJ ratifica que se le ha dado un cheque en blanco al presidente para que pueda hacer lo que quiera, cuando el artículo 5 de la Constitución establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y no puede ser transferida a ningún gobernante. La sentencia concede poderes absolutos a Maduro”, señaló José Ignacio Hernández.
Añadió que más allá del trámite jurídico, la solicitud de revisión de la sentencia por parte de la fiscal Ortega Díaz es políticamente importante. Destacó que el Ministerio Público, órgano de la investigación penal, ha reconocido que el fallo del TSJ, que avala el proceso constituyente de Maduro, es fraudulento.
“Esto es el fin de la República: la consolidación de un régimen de facto. Los procesos no son jurídicos ni amparados en el derecho sino en los hechos. Si continúa el proceso constituyente lo que queda es el aniquilamiento de la República y de la Constitución por la vía de los hechos y de la represión. Se volverá constitucional lo inconstitucional como la generalización de la justicia militar, la censura, el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria, que se proscriba la protesta y se llegue al totalitarismo, que se acabe con la disidencia”, advirtió.
Hernández descartó que el TSJ responda a la solicitud de la fiscal general. Agregó que la funcionaria podría investigar para solicitar sanciones penales en los próximos días.
Sin derechos. Hernández y Haro destacaron que la fiscal general denunció la regresividad de los derechos políticos de los venezolanos al negarse la participación ciudadana y conceder atribuciones al Poder Constituido.
“La sentencia del TSJ da más poderes al presidente, mientras Maduro insiste en pasar por encima de la soberanía popular y del pueblo, imponer una constituyente cuando no se ha consultado al pueblo. Dudamos de que se convoque un referéndum aprobatorio. Mientras se realiza el referéndum aprobatorio, tendríamos una asamblea constituyente que asumiría funciones jurisdiccionales y con potestad para determinar si se han cometido delitos de terrorismo, de traición a la patria y las facultades legislativas de la Asamblea Nacional, y se darán actos por encima del pueblo. Un referéndum aprobatorio al final no convalida el carácter ilegítimo e inconstitucional de la constituyente”, dijo Haro.
Rechazó que el TSJ otorgará al gobierno un régimen de discrecionalidad política que no tiene.
El constitucionalista Haro indicó que la constituyente promovida por Maduro viola los derechos de universalidad y proporcionalidad del voto, así como el voto uninominal. “También se ha manipulado el manejo de la densidad poblacional para el proceso constituyente”, añadió.
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