La presión de la calle e instancias internacionales han arrojado resultados, señalaron analistas. Han debilitado al gobierno de Nicolás Maduro: 85% lo objeta como presidente; 80% rechaza la constituyente, como señalan Datincorp, Datanálisis y Gente de Mercado, lo que lo ha obligado a cambiar de estrategia.
Maduro trata de avasallar al adversario con la extensión de los decretos de emergencia económica, la activación de la fase II del Plan Zamora para evitar que las manifestaciones sigan en julio cuando escogerían a los miembros de la asamblea constituyente; llama a diálogo a la Mesa de la Unidad Democrática o usa la visita del ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde, para crear la idea de que el ex alcalde de Chacao negocia, de espaldas a la oposición, y así, dividirla.
“Las protestas, las sentencias del TSJ y la constituyente originaron una fisura en el chavismo, como lo evidencia la posición institucional de la fiscal Luisa Ortega Díaz, del diputado Eustoquio Contreras, el ex alcalde Juan Barreto, Marea Socialista, y los ex ministros Héctor Navarro y Ana Elisa Osorio. La inquietud llega hasta la Fuerza Armada si es cierto que detuvieron a un grupo de militares que no quieren verse retratados al lado de la represión”, afirmó el editor de PolítiKaUcab, Daniel Fermín.
Explicó que Rodríguez Zapatero habla con López, con el fin de buscar “una rendija que le permita al gobierno permanecer en el poder sin dar concesiones”. Advirtió que el plan es dividir a la oposición, aunque duda de que tenga éxito porque López no desea casa por cárcel, sino libertad plena para todos los presos políticos. “Estamos a las puertas de solucionar el conflicto, pero alarmados por la violencia. Eso es peligroso. En el siglo XIX nos matamos entre sí”.
Nicmer Evans dijo que el gobierno sabe del impacto de las protestas y que, por ello, trata de afectarlas: “Cuando una marcha termina sin violencia, el efecto es mayor. La violencia retroalimenta al gobierno. Por eso, Maduro huye con la constituyente y ordena la represión mientras crece la presión internacional en su contra; el ‘goteo institucional’ de la fiscal, de diputados como Germán Ferrer y Eustoquio Contreras, y las críticas de sectores de izquierda por desconocer el derecho del pueblo a decidir si desea una constituyente”.
Al igual que Fermín, Antonio Gil Yepes considera que las partes deben ir a una mesa de diálogo no para ceder principios, sino para conciliar una salida política que evite un baño de sangre. “Es necesario un tercer actor, fuera de la polarización, que facilite el diálogo, con agenda, con resoluciones transparentes y el compromiso de fiel cumplimiento. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar? Mireya Lozada (profesora de la UCV) dice que en países polarizados una solución oscila entre 4 y 30 meses. No es ya. Las únicas vías rápidas son golpe, asesinato del presidente o su renuncia, y nadie quiere violencia, sino una solución pacífica y constitucional”, dijo Evans.
Gil Yepes señaló que el reto no es salir de un régimen e imponer otro: “Es ponernos todos de acuerdo para restituir la democracia. La protesta hará que nuevos sectores se unan al reclamo nacional. Es primitivo que en Venezuela se repitan peleas de larga data como pasa en el Medio Oriente por la religión y en Estados Unidos con la segregación racial. Sin embargo, se han sentado. Mandela habló con los blancos; los ingleses, con la India. Maduro debe entender que imponer una ANC corre la candelita dos o tres meses; la situación es peligrosa y se torna dura por el deterioro interno”.
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