Mariano de Alba
Por estar en mora con el pago de las cuotas financieras de la ONU, Venezuela perdió temporalmente su derecho a voto en la Asamblea General de dicha organización. El hecho de que no sea la primera vez que el país pierde momentáneamente la capacidad de voto en el órgano más representativo de Naciones Unidas evidencia la precaria situación económica y la incompetencia del gobierno en el manejo de los recursos públicos destinados para cumplir con el pago de cuotas a ciertos organismos internacionales.
¿Cómo se financia la ONU?
La Organización de Naciones Unidas se financia a través de un sistema de cuotas prorrateadas. La determinación exacta del porcentaje del presupuesto que debe ser cancelado por cada Estado miembro es determinado por un Comité de Contribuciones, el cual básicamente toma en cuenta las estimaciones del Producto Interno Bruto de cada país, su deuda externa y el porcentaje de su población con bajos ingresos.
Naturalmente, los datos económicos utilizados para realizar la división de la cuenta son obtenidos por la información que cada Estado proporciona. Sin embargo, si un país no envía la información económica, la División de Estadística de la ONU recurre a información disponible públicamente y a data proporcionada por comisiones de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Según la última escala de cuotas aprobada en el año 2015 por el Comité de Contribuciones de la ONU y que estará vigente hasta el 2018, Venezuela es responsable por el financiamiento del 0,571% del presupuesto de la organización. Se trata de una contribución considerable que ubica al país como la tercera economía de Suramérica que más debe contribuir, siendo superada únicamente por Brasil y Argentina. Países como Chile, Colombia y Perú son responsables del 0,399%, 0,322% y 0,136% del presupuesto, respectivamente.
¿Cuánto debe pagar Venezuela y por qué fue suspendida?
Según la carta enviada por el nuevo Secretario General, António Guterres, a la Asamblea General el pasado 25 de enero, Venezuela debe realizar un pago mínimo de $24.095.339 para poder recuperar su derecho al voto en la Asamblea General de la organización. Esta cantidad simplemente refleja el pago mínimo que debe realizar Venezuela, por lo que el monto real de la deuda es mayor.
La pérdida del derecho a voto en la Asamblea General como consecuencia de la situación de mora, está expresamente prevista en el Artículo 19 del tratado fundacional de la ONU, el cual prevé que el Estado “que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la Organización, no tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos”.
Actualmente, Venezuela es el país más moroso ante la ONU, seguido por Libia y Somalia, quiénes deben $6.501.235 y $1.354.897, respectivamente.
No obstante, no es la primera vez que Venezuela pierde su derecho al voto por esta causa. Esta situación se ha venido repitiendo continuamente desde el año 2013, con excepción del año 2015. En enero de 2013, Venezuela fue requerida a realizar un pago mínimo de $5.113.575 y en 2014 el monto fue de $10.020.789. En 2016, el pago mínimo requerido fue de $2.961.324. El hecho de que en esta oportunidad se reporte que Venezuela tiene que realizar un pago mínimo de $24.095.339 refleja que, durante los últimos años, el país se ha limitado a pagar lo menos posible para recuperar su derecho al voto, acrecentándose la deuda acumulada.
Reflexiones finales
Aunque Venezuela ha aparecido recurrentemente en la lista países morosos de la ONU desde el año 2013, la experiencia refleja que al cabo de unos meses termina pagando la cantidad mínima requerida y recupera su derecho al voto ante la Asamblea General de Naciones Unidas. A pesar de haber estado incluida en la lista en enero de los años 2013, 2014 y 2016, Venezuela nunca apareció en la versión actualizada que en septiembre envía el Secretario General a la Asamblea General.
Mientras persista la deuda, Venezuela pierde la oportunidad de votar a favor o en contra de las resoluciones que considere dicho organismo en temas de relevancia mundial. Esa prohibición se hace extensiva a subórganos de la Asamblea General como el Consejo de Derechos Humanos (al cual Venezuela permanece actualmente), aunque aquí el impacto es muy reducido pues la mayoría de las resoluciones es adoptada sin someterla a votación.
Todo esto permite concluir preliminarmente que si bien es cierto que la deuda pendiente refleja la grave crisis económica por la que atraviesa el país, la suspensión del derecho al voto del país podría deberse también a la mala administración de los fondos disponibles para realizar los pagos respectivos en la oportunidad requerida. El Artículo 19 de la Carta de la ONU permite que un país continúe votando si demuestra que la deuda pendiente se debe a circunstancias ajenas a su voluntad, pero Venezuela no ha solicitado la aplicación de esta excepción, reafirmando así que, en el ámbito internacional, el gobierno está negado a tomar alguna acción que permita inferir que está inmerso en una crisis.
En todo caso, es absurdo que el gobierno venezolano no haya realizado gestiones para reducir su porcentaje de contribución a la ONU considerando la crisis. Como explicábamos antes, si nos regimos por dicho porcentaje, Venezuela calificaría como la tercera economía de Suramérica. No obstante, el Anuario Estadístico para Latinoamérica y el Caribe de la CEPAL revela que el producto interno bruto de Venezuela en el año 2014 ya era el quinto de Suramérica, por detrás de Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Y eso sin contar que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, durante los años 2015 y 2016, el Producto Interno Bruto venezolano decreció 18,2%, mientras que, en promedio, la economía de los demás países ya mencionados creció un 0,425%
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