Alberto Arteaga Sánchez
Una de las noticias de mayor impacto en la página de sucesos de los medios impresos que reflejan con crudeza y sin amarillismo lo que ocurre en la realidad que nos ha tocado vivir es el asesinato a golpes de una joven liceísta y la consecuencia de la muerte de la inocente criatura que se encontraba en su vientre.
Al homicidio, de máxima gravedad o “calificado”, le han sido atribuidas las agravantes de alevosía y motivos fútiles, a la vez que se ha estimado que fue cometido en grado de “complicidad correspectiva”, con el añadido –al parecer– de un agavillamiento sin sentido alguno.
Sin duda, la indefensión de la víctima y la superioridad en número de quienes la agredieron, con las circunstancias de la mayor fragilidad de una mujer embarazada y la ausencia de riesgo en el hecho, explica la agravante de la alevosía, debiendo igualmente destacarse que, sin duda, se actuó por motivos fútiles, en la medida en que la cruel muerte por una golpiza –que exige mayor saña y trajo consigo segar otra vida, ajena a toda contaminación, esperanza de un futuro mejor– se produjo bajo el motivo insignificante de un reclamo por la no colaboración en un trabajo que debió hacer y presentar la víctima con su exclusivo esfuerzo.
Evidentemente, un suceso como este debe constituirse en ocasión para la más seria reflexión de todos.
La violencia se ha hecho parte de nuestra manera de ser y se encuentra a flor de piel para ofender con las más duras expresiones o convertirse en actos que reflejan los más primitivos sentimientos de odio, resentimiento y dureza de espíritu. Se mata por matar, acreditando que la vida no vale nada; y dar muerte a otro es señal de afirmación del poder que se identifica con el homicidio a sangre fría, ya sea para liquidar a otro físicamente o para asesinarlo moralmente.
Los protagonistas de este drama, víctimas y victimarios, son jóvenes que han crecido en un ambiente de confrontación, de descalificación, de permanente enfrentamiento y de identificación del poder con la fuerza y no con la razón y el espíritu.
Se trata de un doble asesinato, trágico episodio que no puede desconocer la existencia de otro ser inocente, en las entrañas de la joven madre, sacrificado y con pleno derecho a una vida plena.
En la maraña del incomprensible lenguaje jurídico se ha calificado a las agresoras como “cómplices correspectivos”, figura o ficción de muy dudosa aceptación a la luz del derecho penal garantista que, en definitiva, sanciona con una pena atenuada a quienes han concurrido a la ejecución de un homicidio y no se puede descubrir quién es el autor o el ejecutor inmediato del hecho.
Pero, en este caso, si bien cabe plantear dudas sobre los autores materiales del horrendo crimen, marcados para toda su vida, creo que, con toda propiedad, debemos considerar como responsables a quienes hemos tenido la encomienda de encauzar y ser ejemplo en un país en desbandada, destruido moralmente, con la institución familiar deshecha, en el cual la generación que se levanta solo oye hablar de guerra, de enemigos, de violencia y de odios que no prescriben, aunque se pretendan esconder bajo una máscara de carnaval.
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