Aunque la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó el antejuicio de mérito contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el destino de la funcionaria sigue estando en manos de la Asamblea Nacional (AN).
“Únicamente la Asamblea Nacional tiene capacidad de remover, suspender o destituir a miembros del Poder Ciudadano. El TSJ, ni siquiera en su Sala Plena, tiene facultad para quitar de su cargo a la fiscal general”, explicó José Vicente Haro, abogado constitucionalista, en declaraciones para El Nacional Web.
Recalcó que un antejuicio no puede derivar en sanciones contra Ortega Díaz, ni sentar bases sobre la presunta comisión de delitos, ni siquiera por la denuncia que introdujo el diputado Pedro Carreño (PSUV) acusándola de “insania mental”.
“El deber ser de un antejuicio es recalcar elementos para determinar si es necesario un juicio, que para poder ejecutarse requiere el visto bueno del Poder Legislativo, que siempre tendría la última palabra”, acotó.
No puede haber juicio sin la AN
En caso de que la Sala Plena apruebe el pase a juicio de Ortega Díaz, previamente requerirá la aprobación de la AN, según Haro. Y es que en caso de que ello ocurriera, sostuvo que la fiscal, además de la presunción de inocencia, gozaría de derecho a la defensa y al debido proceso, en un caso que pudiera tardar meses o años en resolverse.
Sobre la posibilidad de que en medio del procedimiento se decidiera la separación del cargo de la fiscal, tal acción también correspondería al Parlamento.
El desacato no es excusa
Si bien el TSJ ha insistido en tomar como propias las atribuciones de la AN, a la que acusa de mantenerse en desacato desde inicios de 2016, Haro remarcó que jurídicamente el Poder Judicial no puede saltarse al Poder Legislativo.
“Sería fraude a la Constitución, un desconocimiento de normas fundamentales de la democracia”, advirtió. "Si ocurriera, sería una alteración gravísima contra una funcionaria que está obligada a defender la Constitución".
En este sentido, para que no se cometan violaciones a la carta magna, TSJ y Parlamento tendrían que trabajar de manera conjunta para que Ortega Díaz no finalizara su mandato frente al MP antes de 2021, cuando está previsto el vencimiento de su período.
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