ADOLFO R. TAYLHARDAT | EL UNIVERSAL
miércoles 8 de agosto de 2012 04:16 PM
El Tratado de Asunción, base fundacional de Mercosur, establece en su artículo 1 que ese esquema de integración tiene como propósitos: la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países que lo conforman; el establecimiento de un arancel externo común, la adopción de una política comercial común, la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales; la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales de comercio exterior, agrícola, industrial fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transporte y comunicaciones y otras que se acuerden.
En resumen, se trata de una entidad dedicada exclusivamente a promover el desarrollo de sus miembros mediante un proceso auténtico de integración económica y comercial.
Desde el momento en que el führer anunció la intención de incorporar a Venezuela en Mercosur advirtió había necesidad de transformar ese "vetusto" organismo en algo nuevo. Que Mercosur no podía limitarse a impulsar la integración comercial y económica y que había necesidad de ampliar su ámbito otorgándole un papel en los campos social y político.
El proceso de desnaturalización de Mercosur propugnado por el gobernante venezolano comenzó en el momento mismo de la aprobación de la incorporación de Venezuela. Los gobiernos de los países miembros se "saltaron a la torera" el Protocolo de Ushuaia, el Protocolo de Asunción, el Protocolo de Montevideo (Ushuaia II) los cuales establecen que la "plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en los Estados Miembros constituyen condiciones esenciales para el desarrollo de los proceso de integración de los Estados Partes" y se comprometen a cooperar mutuamente para la promoción y la protección efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Resulta además vergonzoso que los parlamentos de los miembros de Mercosur, con la honrosa excepción del Senado de Paraguay, hayan ratificado la decisión de admitir, en las condiciones actuales, a Venezuela cono Estado Miembro.
Pero la desnaturalización no se detuvo allí. La manera fraudulenta como se produjo la aceptación definitiva de Venezuela en Mercosur es una muestra de cómo se recurre a un ardid político y se viola la normativa legal para superar el obstáculo que significaba la firme y digna actitud asumida por el parlamento paraguayo.
Por eso es digna de encomio la comunicación que en relación con este tema le dirigió la prestigiosa ONG Human's Rights Watch a la presidenta de Argentina en la cual señala que la incorporación de Venezuela a Mercosur genera para los miembros de esa organización "la responsabilidad de abordar los graves problemas de derechos humanos que existen en nuestro país".
Concretamente destaca: 1) que el gobernante venezolano "ha concentrado el poder en el Ejecutivo, socavando deliberadamente la independencia de las demás instituciones democráticas y eliminando controles esenciales al uso arbitrario y abusivo del poder estatal"; 2) que el presidente "y sus partidarios en la Asamblea Nacional efectuaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia cuando aumentaron el número de magistrados del Tribunal Supremo de 20 a 32 y designaron a aliados políticos para cubrir las nuevas vacantes"; 3) que "el Tribunal Supremo, integrado por miembros leales al gobierno, ha dejado de actuar como contralor del poder abusivo del Estado y como garante de los derechos fundamentales"; 4) que "uno de los ejemplos más preocupantes de la falta de independencia judicial en Venezuela ha sido la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada luego de que dispusiera la libertad condicional de un crítico del gobierno que había permanecido en prisión preventiva durante casi tres años acusado de corrupción; 5) que el presidente y sus partidarios "han conseguido debilitar la libertad de expresión a través de diversas leyes y políticas que apuntan a redefinir el contenido de los medios y su control"; 6) que el presidente y sus partidarios han intentado activamente marginar a defensores de derechos humanos venezolanos, acusándolos infundadamente de que reciben apoyo del gobierno estadounidense para desestabilizar la democracia en el país".
La carta de HRW advierte que "la acumulación de poder en el ejecutivo y la erosión de las garantías de derechos humanos le han dado al gobierno venezolano "vía libre para intimidar, censurar e investigar penalmente a venezolanos que critican al presidente u obstaculizan su agenda política".
Finalmente, HRW recuerda que de conformidad con los instrumentos vigentes en Mercosur los Estados Partes tienen una oportunidad importante y también el deber "de abordar seriamente ante el gobierno de Venezuela estos graves problemas de derechos humanos" y que "si los miembros de Mercosur ignoran su compromiso de proteger y promover derechos fundamentales y el respeto por las instituciones democráticas, enviarán el lamentable mensaje de que los compromisos internacionales son simplemente letra muerta".
Ojalá a los gobernantes de esos países les remuerda la conciencia su comportamiento. Pero ya sabemos que hoy día el pragmatismo y los intereses inmediatos llevan a los gobiernos sacrificar valores permanentes como la moral, los principios y las obligaciones contraídas internacionalmente.
En resumen, se trata de una entidad dedicada exclusivamente a promover el desarrollo de sus miembros mediante un proceso auténtico de integración económica y comercial.
Desde el momento en que el führer anunció la intención de incorporar a Venezuela en Mercosur advirtió había necesidad de transformar ese "vetusto" organismo en algo nuevo. Que Mercosur no podía limitarse a impulsar la integración comercial y económica y que había necesidad de ampliar su ámbito otorgándole un papel en los campos social y político.
El proceso de desnaturalización de Mercosur propugnado por el gobernante venezolano comenzó en el momento mismo de la aprobación de la incorporación de Venezuela. Los gobiernos de los países miembros se "saltaron a la torera" el Protocolo de Ushuaia, el Protocolo de Asunción, el Protocolo de Montevideo (Ushuaia II) los cuales establecen que la "plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en los Estados Miembros constituyen condiciones esenciales para el desarrollo de los proceso de integración de los Estados Partes" y se comprometen a cooperar mutuamente para la promoción y la protección efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Resulta además vergonzoso que los parlamentos de los miembros de Mercosur, con la honrosa excepción del Senado de Paraguay, hayan ratificado la decisión de admitir, en las condiciones actuales, a Venezuela cono Estado Miembro.
Pero la desnaturalización no se detuvo allí. La manera fraudulenta como se produjo la aceptación definitiva de Venezuela en Mercosur es una muestra de cómo se recurre a un ardid político y se viola la normativa legal para superar el obstáculo que significaba la firme y digna actitud asumida por el parlamento paraguayo.
Por eso es digna de encomio la comunicación que en relación con este tema le dirigió la prestigiosa ONG Human's Rights Watch a la presidenta de Argentina en la cual señala que la incorporación de Venezuela a Mercosur genera para los miembros de esa organización "la responsabilidad de abordar los graves problemas de derechos humanos que existen en nuestro país".
Concretamente destaca: 1) que el gobernante venezolano "ha concentrado el poder en el Ejecutivo, socavando deliberadamente la independencia de las demás instituciones democráticas y eliminando controles esenciales al uso arbitrario y abusivo del poder estatal"; 2) que el presidente "y sus partidarios en la Asamblea Nacional efectuaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia cuando aumentaron el número de magistrados del Tribunal Supremo de 20 a 32 y designaron a aliados políticos para cubrir las nuevas vacantes"; 3) que "el Tribunal Supremo, integrado por miembros leales al gobierno, ha dejado de actuar como contralor del poder abusivo del Estado y como garante de los derechos fundamentales"; 4) que "uno de los ejemplos más preocupantes de la falta de independencia judicial en Venezuela ha sido la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada luego de que dispusiera la libertad condicional de un crítico del gobierno que había permanecido en prisión preventiva durante casi tres años acusado de corrupción; 5) que el presidente y sus partidarios "han conseguido debilitar la libertad de expresión a través de diversas leyes y políticas que apuntan a redefinir el contenido de los medios y su control"; 6) que el presidente y sus partidarios han intentado activamente marginar a defensores de derechos humanos venezolanos, acusándolos infundadamente de que reciben apoyo del gobierno estadounidense para desestabilizar la democracia en el país".
La carta de HRW advierte que "la acumulación de poder en el ejecutivo y la erosión de las garantías de derechos humanos le han dado al gobierno venezolano "vía libre para intimidar, censurar e investigar penalmente a venezolanos que critican al presidente u obstaculizan su agenda política".
Finalmente, HRW recuerda que de conformidad con los instrumentos vigentes en Mercosur los Estados Partes tienen una oportunidad importante y también el deber "de abordar seriamente ante el gobierno de Venezuela estos graves problemas de derechos humanos" y que "si los miembros de Mercosur ignoran su compromiso de proteger y promover derechos fundamentales y el respeto por las instituciones democráticas, enviarán el lamentable mensaje de que los compromisos internacionales son simplemente letra muerta".
Ojalá a los gobernantes de esos países les remuerda la conciencia su comportamiento. Pero ya sabemos que hoy día el pragmatismo y los intereses inmediatos llevan a los gobiernos sacrificar valores permanentes como la moral, los principios y las obligaciones contraídas internacionalmente.
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